POR QUÉ LA POLÍTICA DE RECORTES DE GASTO Y EMPLEO PÚBLICO ES UN ERROR

Vicenç Navarro 

En varios artículos publicados en SistemaDigital.es he ido desgranando las causas de la escasa recuperación económica que radica, en parte, en las políticas de austeridad que está siguiendo el gobierno español bajo la presión de la Unión Europea (y muy en especial del gobierno alemán de la canciller Merkel) así como del Fondo Monetario Internacional. Estas políticas de austeridad están equivocadas y están perjudicando la recuperación económica española que necesita precisamente unas políticas contrarias a las que se están siguiendo, con una expansión muy notable del gasto público, orientado sobre todo a la creación de empleo. No existe conciencia en los establishments políticos y mediáticos del país de que el mayor problema económico y social que tiene España es el desempleo. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios público del estado del bienestar (tales como sanidad, educación, vivienda pública, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con dependencia, entre otros) que tiene Suecia, 25% (en lugar del 9% actual), España tendría casi cinco millones más de trabajadores en tales servicios de los que tiene ahora. Como consecuencia no habría desempleo en nuestro país, que actualmente supera los cuatro millones. El elevado desempleo en España está basado, en parte, en el escaso desarrollo de su estado del bienestar que no está proveyendo suficiente empleo público.

Por otra parte, este desempleo contribuye enormemente a la falta de demanda, responsable de la escasa recuperación de la economía española. Esta creación de empleo debería financiarse con el aumento de la carga impositiva y de su progresividad, eliminando los recortes de impuestos que se han ido aplicando en los últimos quince años y que han beneficiado predominantemente al 20% de la población de renta superior. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al estado, solo un 34% del PIB, comparado con un 44% para el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia. Si España tuviera la carga fiscal que tiene Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa ahora, con los cuales podría corregir las enormes insuficiencias del estado del bienestar, además de eliminar el desempleo y estimular la demanda, el mayor problema que tiene la economía española.

De lo que las autoridades económicas parecen no darse cuenta es que la causa del estancamiento económico es la falta de demanda que ha empeorado todavía más con el crecimiento del desempleo. Para entender esta situación, tenemos que entender que la burbuja inmobiliaria fue el motor del crecimiento económico español durante estos años anteriores al inicio de la crisis. España construyó muchas más viviendas de las que el país necesitaba a unos precios desorbitados que exigieron un enorme endeudamiento de las familias. El precio de las viviendas (por metro cuadrado) creció nada menos que un 106% desde que se estableció el euro, en 1999, hasta el 2007. Los salarios (el precio real del trabajo) crecieron solo un 8%. La enorme distancia entre estos precios de la vivienda (que aumentaron espectacularmente, muy por encima del aumento de los costes de producción) y los salarios requería un enorme endeudamiento, financiado predominantemente por la banca española, pero también por la banca alemana y en menor grado por la francesa. Tal endeudamiento les dio enormes beneficios.

Cuando la burbuja inmobiliaria estalló las familias quedaron en una situación dificilísima, en parte consecuencia de la excesiva protección que tiene la banca versus el ciudadano hipotecado. Pero, desde el punto de vista de la economía, un grave problema era y continúa siendo que el mercado de la vivienda, además de colapsarse, no se está reavivando. Es característico de un sistema especulativo monopolístico que tal mercado no exista, es decir el mal llamado mercado inmobiliario no funciona como mercado. A pesar de que hay un millón de viviendas vacías, el precio de la vivienda ha bajado solo un 18% desde 2007, el inicio de la crisis. Tal como apunta Wolfgang Münchau en el Financial Times (en su artículo “A complacent Europe must realise that Spain will be next” (11/04/2011)), esta situación está llevando a una situación insostenible. Según Münchau el precio de la vivienda debería bajar un 30% más a fin de reavivar el mercado, un elemento central de la recuperación. Es más, debido a que el precio de las hipotecas, en la medida que baje el precio, sobrepasará el precio de la vivienda, se crearán grandes desfalcos y crisis bancarias y de las cajas de ahorros, acentuando todavía más la falta de demanda y el desempleo. Como bien escribe Daniel Gross en su artículo “Europe’s Subprime Quagmire”, el excesivo poder de la banca (y escaso poder del usuario de la banca) ha creado un desmesurado endeudamiento y gran escasez de la demanda. Y este poder de la banca dificulta también resolver el problema, pues aunque la persona hipotecada haya perdido la vivienda, la deuda le imposibilita recuperar la demanda.

Creerse que el mercado en si resolverá este problema es de una ingenuidad muy costosa. A no ser que el estado intervenga, sustituyendo esta enorme escasez de demanda mediante el gasto público la situación no mejorará. Y a no ser que el estado actúe más activamente creando empleo y garantizando el crédito, mediante medidas mucho más progresistas (como el establecimiento de bancas públicas), no habrá recuperación económica.

Vicent Navarro defiende todo lo contrario de las políticas económicas que se estás aplicando y jodiendo a todos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Ecologistas en Acción apoya la dimisión de la junta directiva del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

 La organización ecologista responsabiliza al Gobierno de Aragón de este hecho, ante la falta de apoyo a la agricultura ecológica

 No nos pilla de sorpresa la enorme distancia que separa al Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé de las sensibilidades de los ciudadanos de a pié. En el campo de la Agricultura Ecológica esa distancia se ha verificado con la dimisión en pleno de toda la junta directiva del Consejo Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).

Ecologistas en Acción, que ve con preocupación el futuro de este órgano, apoya esta drástica decisión, totalmente entendible dentro, ya no del nulo apoyo, sino de las dificultades, que tanto este órgano, como los objetivos que persigue, viene recibiendo de la administración de la que depende,  la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Una escasa cofinanciación  a las ayudas que llegan de Europa al sector Ecológico, una oposición frontal a los transgénicos desde el CAAE y un desmesurado apoyo a estos desde la Consejería, ha precipitado el desencuentro.

El resultado, mientras que  en España la superficie agraria dedicada a Agricultura Ecológica crecía un 118% entre 2004 y 2009, Aragón ha visto reducir su presencia un 12,53%, con lo que ha pasado de ser la segunda comunidad en extensión (con 78.000 hectáreas) a ser la séptima (63.000 hectáreas). En toda la unión europea se observa un incremento de esta práctica en la planificación de las diferentes políticas sectoriales. Por ejemplo, Francia  ha fijado  un porcentaje del 15% en 2010 y 20% en 2012 para el producto ecológico en los menús escolares;  para conseguirlo quiere  aumentar progresivamente la superficie agrícola destinada a la producción ecológica de un 6% en 2013 hasta un 20% en 2020. 

En Aragón el ciudadano cada vez apuesta más por este tipo de productos. No hay que más que observar el resultado de los mercadillos agroecológicos como el de Zaragoza y el importante número de grupos de consumo ecológico que se están creando por toda la geografía aragonesa. Sin embargo, Gonzalo Arguilé, lleva una polémica de apoyo a los cultivos transgénicos, que a juicio de Ecologistas en acción, eso no es trabajar por Aragón y los aragoneses, sino que representa estar al servicio de grandes multinacionales como MONSANTO, que implica una agricultura industrial basada en la utilización masiva de agroquímicos que contaminan el agua y el suelo de nuestros campos.

Por el contrario, y pese a la falta de apoyo institucional del Gobierno de Aragón, los Agricultores Ecológicos Aragoneses cuidan de nuestro magnífico entorno natural, favorecen la biodiversidad, generan empleo, atesoran gran conocimiento sobre la Naturaleza y  los seres vivos,  nos alimentan a nosotros y a otros ciudadanos europeos... Apoyarles o no,  puede ser una cuestión simplemente política.

Ecologistas en Acción considera que el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón debe realizar un giro radical en la política referente a la Agricultura y Ganadería Ecológica. Este sector con los correspondientes apoyos institucionales está llamado a convertirse en motor de desarrollo rural de nuestra comunidad.

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LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ARAGÓN EN APOYO DE UNA ALIMENTACIÓN SANA Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

La alimentación es un derecho fundamental, esencial para mantener un estado de equilibrio y salud. El hecho de considerar el alimento como una mercancía más hace que sea sometido a una producción masiva, lo cual nos está llevando a consecuencias desastrosas. Los organismos genéticamente modificados (OMG) suponen un instrumento más de la agroindustria para conseguir los máximos beneficios.

Estudios independientes demuestran múltiples efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente, y prueban que con ellos no se mejoran las producciones, ni se disminuye sino que se incrementa el uso de plaguicidas y herbicidas. En Aragón, la contaminación genética de campos vecinos debida al maíz transgénico, supone agravios a la agricultura convencional e importantes daños económicos a la Agricultura Ecológica, un sector que contribuye a producir alimentos más sanos y respetuosos con el entorno, muy útil para generar puestos de trabajo y para fijar población joven al medio rural.

Mientras que la producción de alimentos ecológicos en el resto del Estado Español se incrementa, en Aragón (a pesar de que la demanda es cada vez mayor), el nulo apoyo institucional está motivando el desmoronamiento del sector agroecológico.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública apostamos por la seguridad y soberanía alimentaria y por la producción ecológica en Aragón y, por tanto, nos posicionamos en contra del cultivo de productos transgénicos. Por esta razón nos solidarizamos con los miembros de la Junta Rectora del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, que el pasado día 7 presentaron su dimisión, y apoyamos sus justas reivindicaciones solicitando al Gobierno de Aragón el establecimiento de medidas de apoyo a los Productores de alimentos ecológicos y la promoción de estos alimentos (al igual que se está promoviendo en otros países de nuestro entorno) en centros públicos como colegios y hospitales.

Zaragoza 13 de abril de 2011

NUCLEARES, UN COSTE INACEPTABLE

UN COSTE INACEPTABLE

Cristina Narbona

Mientras escribo estas líneas, todavía se desconoce el resultado final del gravísimo accidente nuclear de Fukushima. Aunque se consiguiera interrumpir inmediatamente la fuga de radiactividad y evitar una catástrofe aún mayor, lo acaecido se considera ya, por parte de la mayoría de los expertos, de una gravedad sólo superada por Chernóbil. Y resulta intolerable el esfuerzo por minimizar las consecuencias de Fukushima por parte de quienes siguen insistiendo en la inevitabilidad del uso creciente de la energía nuclear.

Intolerable, ante todo, desde el punto de vista democrático: los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles son los riesgos reales y cómo se gestionan por parte de empresas y gobiernos, así como quién asume responsabilidades y quién sufraga los costes en el caso de accidentes en las centrales nucleares. Fukushima es un trágico ejemplo de riesgos no adecuadamente contemplados y de costes, sin duda incalculables, que recaerán, sobre todo, sobre los contribuyentes japoneses. La empresa Tepco ha pedido ya ayuda estatal para financiar las actuaciones que está llevando a cabo en la planta en su intento de frenar los efectos del accidente. Una manifestación más del modelo económico aún imperante –“socialización de costes/privatización de beneficios”– con escasa o nula penalización de las decisiones empresariales de alto riesgo, bien evidente tras el estallido de la crisis financiera internacional.

Obviamente, la financiación pública requerida ahora por Tepco es sólo una parte de los recursos que serán necesarios para hacer frente a problemas, aún sin cuantificar, de salud –física y mental–, de evacuaciones, de pérdida de actividad en la agricultura y en la pesca… motivados por la presencia de radiactividad en el aire, en el suelo y en el agua en una extensión geográfica de difícil delimitación. Una radiactividad que mantendrá su potencial dañino a lo largo, incluso, de miles de años en el caso de algunos componentes presentes en el combustible utilizado, lo que convierte en tarea imposible el cálculo del coste real del riesgo nuclear. Por supuesto, un accidente como el de Fukushima puede ser –ojalá sea– un acontecimiento excepcional; y bienvenido sea todo el esfuerzo para revisar las condiciones de seguridad de todas las centrales nucleares existentes en el mundo, revisión que ya ha llevado al cierre definitivo de siete centrales de Alemania. Bienvenidas sean también normas internacionales basadas en el conocimiento científico independiente y no en intereses de empresas concretas.

Pero, más allá de ese ejercicio de responsabilidad a posteriori –la mayoría de las centrales japonesas incumplían los requisitos de seguridad legalmente exigibles en el momento del accidente–, lo más importante es el planteamiento cara al inmediato futuro.

Sabemos ya que, si se establecen nuevos requisitos (sobre la ubicación, el diseño de las plantas, los sistemas de alerta…), el coste de las nuevas centrales será significativamente más elevado. ¿Cómo se financiarán, en tiempos de restricción del gasto público? La importancia de los recursos públicos en el desarrollo de esta actividad industrial ha sido ya muy notable –solamente en los países de la Unión Europea ha supuesto la cifra de 160.000 millones de euros desde 1950–. Pero parece inevitable, si se siguen construyendo centrales, la necesidad de un mayor apoyo con cargo a los bolsillos de los contribuyentes. Por tanto, está plenamente justificado el debate público sobre la opción nuclear –ese debate que nunca se ha cerrado– y, en general, sobre el modelo energético deseable.

Con motivo de la preparación del encuentro en 2012 Río+20, participo en un panel de Naciones Unidas sobre Sostenibilidad Global. En dicho panel existe un amplio consenso en cuanto a la exigencia de garantizar el acceso de todos los ciudadanos del planeta –los que viven hoy y los que vivirán mañana– a suficiente energía limpia y segura. Por ello, el panel analiza los mejores ejemplos ya existentes para promover el acceso a energías renovables en países menos desarrollados, y previsiblemente emitirá alguna recomendación en cuanto a iniciativas concretas de carácter global. La energía nuclear no es una opción sostenible: no es barata, no es segura y requiere instituciones muy potentes para garantizar control e información, algo que ha fallado incluso en un país tan avanzado como Japón.

Hay que recordar que, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE 2010), la nuclear podría suponer como máximo sólo un 6% de la producción mundial de energía en 2030, y ello sólo si se llevasen adelante los numerosos proyectos previstos antes del accidente de Fukushima –muchos de ellos actualmente paralizados tras el incidente–. Ese porcentaje resulta muy inferior a la contribución de la eficiencia energética prevista por la AIE (más del 40%), a la reducción del consumo total de energía y por tanto a la lucha contra el cambio climático.

Hoy día, la energía nuclear tiene un peso significativo sólo en algunos países desarrollados, lo que ha condicionado negativamente el avance de las energías renovables y ha favorecido un análisis sesgado y a corto plazo sobre su coste. Creo que ha llegado el momento de abordar un debate estratégico que contemple todos los elementos: costes y beneficios efectivos de cada fuente de energía –de acuerdo con el ciclo de vida íntegro de cada una de ellas y de los riesgos asociados–; relación entre consumo de energía y satisfacción de necesidades; potencial para un mayor ahorro y una mayor eficiencia en la producción, el transporte y el consumo de energía; gasto público asociado a la I+D+i de cada opción; cooperación al desarrollo sostenible a nivel global… Una ciudadanía bien informada, con posibilidad de participar en el debate sobre decisiones políticas de tanto impacto tanto para la generación actual como para las generaciones futuras, es un requisito imprescindible para mejorar la calidad de la democracia. Y para decidir, colectivamente, entre otras cosas, sobre cuán aceptable es el verdadero coste de la energía nuclear, que poco tiene que ver con el coste del kw/h de centrales ampliamente amortizadas.

¡Indignaos!

DE LA INDIGNACIÓN A LA ACCIÓN

  | author: JLO

Un libro con textos de Sampedro, Garzón, Mayor Zaragoza y Escolar, entre otros, busca concienciar y provocar una reacción frente a las medidas neoliberales impuestas como única salida a la crisis

Jesús Rocamora, en 'Público'

Hace un mes salía a la venta en España ¡Indignaos!, un librito que se levantaba contra la indiferencia de los ciudadanos ante el retroceso de las democracias modernas, un llamamiento ante la pasividad: "La peor actitud es la indiferencia", pedía a los más jóvenes el autor del panfleto, Stéphane Hessel, de 93 años. Y como si cogiera el testigo, un nuevo libro trata ahora de dar un paso más a favor del grito de guerra, más allá de llevarse las manos a la cabeza: se trata de Reacciona, que Aguilar editará en unas semanas.

Reacciona es una obra coral, coordinada por la periodista Rosa María Artal, en la que han participado representantes de diferentes generaciones y ámbitos profesionales: José Luis Sampedro, Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Juan Torres López, Àngels Martínez i Castells, la propia Artal, Ignacio Escolar, Carlos Martínez Alonso, Javier López Facal, Javier Pérez de Albéniz y Lourdes Lucía. Como dice Hessel, encargado aquí de prologar el tomo, "es tiempo de democracia genuina"; "es hora de actuar".

El sistema está enfermo

Los convocados tenían un objetivo: "Dirigirnos a la sociedad en general, y a los jóvenes en particular, intentando concienciar y provocar una reacción frente a las medidas neoliberales impuestas como única salida posible a la crisis", escribe Sampedro. Arma de doble uso, Reacciona mezcla el lenguaje didáctico con uno más práctico que apela al lector y le da herramientas para enfrentarse a unas medidas que afectan a su calidad de vida. Porque "es una falacia hablar de crisis financiera únicamente. La crisis es política. La crisis es del sistema de vida occidental". Según Sampedro, "estamos viviendo en pleno ocaso del mundo en que vivieron nuestros padres", debido a "un afán de saqueo propio de las hordas bárbaras" de manos de los financieros culpables de la crisis. Como dice Artal, "el sistema en el que vivimos está gravemente enfermo". El resultado es demoledor.

El prólogo de Hessel marca de manera indirecta los tres ejes que recorren el libro. El primero sería el contexto mundial de la crisis, con especial atención a lo peculiar del caso español, la burbuja inmobiliaria, el recorte de derechos sociales y las pensiones y las penosas condiciones laborales. Un mundo donde los organismos supranacionales han sido despojados de todo valor ("Europa está en coma, como así lo demuestra su apatía ante los grandes problemas", escribe Sampedro). Donde las naciones han dejado el camino libre a una economía que no es productiva sino que hace de la especulación su principal actividad y que promueve el tráfico de toda índole (drogas, armas, patentes, personas). Donde se siguen sin erradicar, tal y como se prometió ante la crisis, los paraísos fiscales y donde el secreto bancario sigue blindado. Donde los valores democráticos se han sustituido por otros capitalistas.

En su texto, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Juan Torres López se centra en las mentiras más divulgadas y efectivas sobre la crisis, lanzadas con un objetivo: "La desmovilización ciudadana ante el reforzamiento del poder de los de siempre". Mentiras como "nadie pudo prever la crisis". "Muchos economistas adelantaron lo que iba a ocurrir", escribe Torres López. Pero las autoridades "se cruzaron de brazos" porque "lo que buscaban no era servir a los intereses públicos sino a las grandes empresas".

Por encima, la mentira más gorda: "Hay que salvar a los bancos". Para Torres López, los bancos han conseguido que se apliquen "medidas liberalizadoras que venían esperando conseguir desde hace años a pesar de que no tenían nada que ver con los problemas que habían originado la crisis": financiación a costa de derechos sociales, del mercado de trabajo, de las pensiones y de los servicios públicos.

Una sociedad anestesiada

Otro eje de Reacciona es el político, que pretende combatir la apatía ante la actitud de gobiernos y partidos. Se coincide en una fecha fundamental, "el gran antecedente de esta crisis": la políticas privatizadoras de Reagan y Thatcher: a partir de entonces, "los valores democráticos, los principios éticos por lo que tantos habían luchado, hasta dar su propia vida, la justicia social en primer lugar, se sustituyen por el mercado", según Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco desde 1987 hasta 1999 y exministro de Educación y Ciencia.

En la privatización centra su texto Àngels Martínez i Castells, doctora en Ciencias Económicas y profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona: desde Carlos Solchaga, "quien inició en 1985 la oleada privatizadora" a nuestros días. "Las privatizaciones facilitaron el camino de la mundialización poniendo en pocas manos (privadas) las empresas más rentables, los recursos fundamentales para el funcionamiento del sistema, el agua, el gas, el petróleo". Para Martínez i Castells, algunas privatizaciones de empresas públicas son "un robo con desfalco que debería figurar en el Código Penal".

Baltasar Garzón se centra en la corrupción en un contexto político donde la propaganda y la manipulación de los partidos "anestesian la memoria de los ciudadanos para conseguir el olvido o, al menos, la condescendencia" ante sus actos. Garzón pide un "contrato de los políticos con los ciudadanos" para rendir cuentas de su actuación.

Y si Garzón pide atención para que "los jóvenes y los niños conozcan desde las escuelas los hechos históricos" ocultados en España durante 40 años y Martínez i Castells hace "un llamamiento concreto a las mujeres", el periodista y columnista de Público Ignacio Escolar se dirige a "la generación estafada": "Esta nueva gran depresión ha infectado una fractura generacional que expulsa del sistema, hacia la miseria, a esa juventud a la que pomposamente se llamó ‘la generación mejor preparada de la historia de España' y que hoy vive de sueldos mileuristas y de la caridad familiar".

Escolar refleja estadísticas y datos escandalosos: los jóvenes españoles se tendrán que jubilar a los 67 en una España con "récord absoluto de paro juvenil del mundo civilizado: un 40,06 % en enero de 2011" y un salario medio por debajo de los 16.000 euros. Ello, dice Escolar, nos puede llevar a lo que el presidente del Foro de Davos, Klaus Shwab, avisó a finales de 2010: "La situación en España podría derivar en una nueva revolución juvenil, en un nuevo mayo del 68".

Revolución y redes sociales

El tercer eje se refiere a la responsabilidad de los medios de comunicación y el papel de nuevas herramientas sociales. Para Rosa María Artal, los medios no han conseguido convertirse en "remedio" contra la crisis. Lo contrario: "Su consigna prioritaria: trivializar, fabricar productos asequibles que rentabilicen la inversión". Unos medios que se han vaciado de crítica e información y se han llenado de opiniones y de notas de prensa de los partidos políticos, que se han acostumbrado a las ruedas de prensa sin preguntas.

Como todos los integrantes de Reacciona, Artal no duda del papel de internet en este escenario: "Por primera vez en la historia, toda la humanidad puede estar -y terminará estando- comunicada". Las redes sociales tienen sus riesgos (los medios caen "en la frivolidad de convertir en noticia una conversación de Twitter") y no derrumban gobiernos por sí, pero "con un balance positivo podemos afirmar que internet sí representa ¡un inmenso peligro!: la sociedad habla entre sí, al instante si quiere. Los minoritarios poderes establecidos tiemblan y quieren cercenarlo". ¿Y Wikileaks? "Otro ejemplo que ha evidenciado también la deriva del periodismo actual, que no investiga, ni se enfrenta seriamente al poder para servir a la sociedad, como manda su misión".

Reacciona se completa con dos capítulos centrados en la ciencia, a cargo de Carlos Martínez y Javier López Facal, profesores de investigación del CSIC, y en la cultura, por el periodista Javier Pérez de Albéniz ("la destrucción de la educación pública es el problema número uno de este país, de cualquier país, por encima incluso del paro, del terrorismo, de la corrupción política").

Y se cierra con la jurista

Lourdes Lucía, para quien "vivimos una auténtica contrarrevolución social". Frente a armas de dominación masiva como el miedo, el individualismo, el fomento al desprecio a la política y la democracia ("es mejor que los ciudadanos no participen, no pregunten, no controlen") y el omnipresente dinero, apunta, dispara y acierta: "Es necesario cambiar la lógica del máximo beneficio individual [...]. La atomización del trabajo, la precariedad de las condiciones laborales nos conduce al aislamiento, al enfrentamiento y a la indiferencia [...]. Hay que recuperar la comunicación directa con los demás, vernos, hablar y actuar unidos".

¿Desastre Nuclear?

Centrales nucleares de alto riesgo

Por: Ramón Lobo

Estamos ante lo que podría ser el mayor accidente nuclear de la historia. Fluyen las palabras, pero falta una información esencial: qué está ocurriendo dentro de Fukushima. En los dos accidentes más graves de la historia, Chernóbyl y Three Mile Island, no se dijo la verdad. Se mintió.

Hay preguntas esenciales: ¿son seguras las centrales? ¿Son seguros los Gobiernos y los (presuntos) responsables de velar por su seguridad?

El Gobierno español se ha apresurado a defenderlas (Elena Salgado ha calificado el accidente en Japón de "circunstancia concreta"), lo mismo que el organismo que se encarga de la seguridad. El Gobierno alemán acaba de congelar su plan de alargar la vida de sus centrales nucleares y Francia revisará sus instalaciones. La UE se reúne hoy.

En Japón ha fallado la seguridad de Fukushima, que tiene cuatro reactores. Los partidarios de la energía atómica dan la vuelta al argumento: la seguridad ha funcionado, está funcionando al evitar un nuevo Chernóbyl. El accidente aún no ha terminado, está en proceso, y es más grave de lo reconocido por el Gobierno nipón. La causa ha sido una doble catástofe natural: un terremoto de 9.0 en la escala de Richter y un tsunami con olas de hasta 10 metros. Muchos paí­ses con centrales nucleares se hallan fuera de las zonas sísmicas y de la costa; no tendrán que enfrentarse a algo parecido. También los hay con centrales nucleares en zonas de alto riesgo sísmico.

Fuente The Washington Post.

Fukushima demuestra que la seguridad en un país tan avanzado y preparado no es suficiente. El sismólogo japonés Ishibashi Katsuhiko lo denunció en 2007 al estudiar el comportamiento del reactor Kushiwazaki, en el noroeste del país, tras un terremoto de 6,8. Su informe fue demoledor: las centrales tenían una "vulnerabilidad fundamental". Katsuhiko denunciaba que algunas empresas recortaban en seguridad nuclear para ahorrar costes. Nadie le hizo caso. Quizá la primera alarma sea empezar a escuchar a los que traen malas noticias.

En el mundo existen 443 reactores nucleares operativos; otros 62 están en construcción; 158 planeados y 324 propuestos. Datos actualizados de la World Nuclear Association.

Japón tiene 55 reactores que generan el 45,5% de la electricidad del país. En 2030, la previsión era alcanzar el 50%. Le superan EEUU (104 reactores) y Francia (58). Alemania tiene 17, y España ocho. Rusia, 32 y Ucrania 15. Ucrania es el país de Chernóbyl. India, 20, y otra planeada en Jaitapur, zona de riesgo sísmico. También sucede en EEUU.

En este mapa de IRIS se pueden seguir los terremotos más recientes.

Son pésimos tiempos para los defensores de la energía atómica para usos pacíficos, incluido el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyd. Todo accidente nuclear, y más si es triple como en el caso del que está sucediendo en Fukushima, genera pánico colectivo. Las palabras-miedo vuelan más bajo y viajan más lejos y rápido que las nubes radiactivas. Cuando se desata el pánico es imposible la reflexión, solo cabe algún tipo de propaganda. El problema de fondo es general: la energía es un gran negocio, no un servicio o un servicio que da dinero. En los grandes negocios todo vale. De ahí los controles, el Estado, los organismos nacionales e internacionales, la seguridad colectiva frente el beneficio privado.

Los que venden petróleo atacan a los que venden energía atómica y viceversa, y ambos arremeten contra cualquier idea de energía alternativa que pudiera poner en peligro sus ingresos. Todos asustan, lanzan cifras y nombres de difícil retención. La media verdad es una parte esencial de muchos negocios.

Fuente: Diario el País

POR QUÉ LA ECONOMÍA ESPAÑOLA NO SE RECUPERA

Vicenç Navarro

Este artículo analiza las causas de la escasa recuperación de la  economía española, que se basan en la escasa demanda resultado de una  disminución de la capacidad adquisitiva de la población, con el  consiguiente endeudamiento y la escasez de crédito resultado de la  crisis bancaria consecuencia de su comportamiento especulativo. El  artículo critica las políticas de austeridad que están ralentizando la  recuperación económica. Concluye que deberían hacerse políticas de  expansión de gasto público y creación de empleo como medidas de  incremento del consumo y establecer bancas públicas que garantizaran el  crédito a las pequeñas empresas y a los ciudadanos.

LA EXPLICACIÓN NEOLIBERAL

El dogma compartido por la cultura neoliberal dominante en el  pensamiento económico del país, liderado por el Banco de España y por  centros de investigación como FEDEA, financiados por intereses  financieros y económicos del país, es que la mayor causa de que no nos  recuperemos y tengamos un mayor crecimiento económico se debe al déficit  del estado (la diferencia entre los gastos del estado y sus ingresos).  Según tal dogma, el déficit público absorbe demasiados recursos, que se  sustraen de la actividad económica en el sector privado. De ahí la  supuesta desconfianza de los mercados.

De esta interpretación del porqué no  estamos saliendo de la crisis se derivan sus propuestas, desarrolladas  por el gobierno español de reducir el déficit, intentando alcanzar este  objetivo a base, primordialmente, de reducir el gasto público. De ahí  que hemos estado viendo una reducción muy marcada de los gastos públicos  en sanidad, en educación, y en otros servicios públicos del estado del  bienestar. Los recortes del empleo público en tales servicios del estado  del bienestar, y la reducción de sus salarios son consecuencia de tales  medidas de austeridad, aduciendo que tales recortes son necesarios  porque nos gastamos demasiado en la España social, muy por encima de  nuestras posibilidades. De ahí que debamos “ahora ajustarnos el  cinturón”, tal como lo definió un portavoz de FEDEA.

EL ERROR DE TAL EXPLICACIÓN

El problema con tal interpretación del porqué no estamos saliendo de la  recesión tan rápidamente como otros países es que es profundamente  erróneo. En realidad la aplicación de tales medidas de austeridad está  retrasando tal recuperación. Una prueba de ello es que los recortes del  gasto y empleo público que están ocurriendo son muy sustanciales, y lo  han sido ya durante bastante tiempo y, sin embargo, la economía no se  está recuperando.

Veamos los datos. Y el primer dato que aparece claramente es que no es  cierto que España se gaste en su estado del bienestar más de lo que  pueda gastarse. El PIB per cápita de España es el 93.5% (en 2008) del  promedio de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de  desarrollo al nuestro). Pero el gasto público social (que cubre todo el  gasto en las transferencias –como pensiones- y servicios públicos  –sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios,  entre otros-) por habitante es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si  nos gastásemos el promedio de la UE-15, nos gastaríamos 80.000 millones  de euros más de los que nos gastamos en el estado del bienestar. Esta  cifra, por cierto, es casi la misma cantidad que, según los propios  inspectores de Hacienda, corresponde a los ingresos al estado que éste  no recibe, como resultado del fraude fiscal, la mayoría del cual procede  de la banca, de las grandes empresas y de las rentas superiores. El  argumento de que nos gastamos demasiado y por encima de nuestras  posibilidades no es creíble y responde más al terreno de la propaganda  ideológica que al del conocimiento científico. El nivel del gasto  público social está muy por debajo del nivel de desarrollo económico del  país.

Veamos ahora otro argumento; el de que el déficit sustrae recursos al  sector privado. Tal postura ignora varios hechos. Uno de ellos es que  asume una impermeabilidad entre los dos sectores que es inexistente. El  gasto público puede ayudar al resurgir del sector privado cuando el  sector privado está en recesión. Hoy, la población española no gasta y  no consume como solía hacer antes de que se diera la recesión. En  realidad, la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de  las rentas totales explica que la gente haya tenido que endeudarse para  poder consumir. El endeudamiento (que ha sido muy beneficioso para la  banca, pues vive de ello) se pudo sostener por el elevado precio del  aval, la vivienda. Pero cuando la vivienda se colapsó, el aval bajó y  fue mucho más difícil poder continuar endeudándose. Y en consecuencia  bajó el consumo y al bajar éste, la producción de los bienes y servicios  que la población consume también bajó. A menor consumo, menor  inversión, y mayor destrucción de empleo. Y ahí está la raíz del  problema.

CUÁL ES LA SOLUCIÓN

La solución pasa por dos salidas. Una es que el gasto público aumente y  llene el vacío que se ha creado en la demanda. Y la mejor manera en que  el estado puede estimular la demanda es creando empleo con lo cual  contribuye a resolver, además del problema de la demanda, el mayor  problema social que existe en España que es el desempleo. El empleo  creado puede ser público o privado o los dos a la vez. Pero es  fundamental que el crecimiento del gasto fuera hacia la creación de  empleo.

 Otra manera de estimular la demanda es mediante la reducción de  impuestos, pero esta medida es muy ineficiente e incluso errónea. Los  economistas neoliberales usan la expresión “de poner más dinero en el  bolsillo de la gente” para justificar su demanda de recortes de los  impuestos. Pero se olvidan de preguntar ¿de qué bolsillos? Los que se  benefician más de la reducción de impuestos son las rentas superiores  que, al conseguir más dinero ahorran más de lo que consumen, pues ya  tienen tanto que lo que les llega de más, lo ahorran. Son las clases de  rentas más bajas las que consumen todo lo que les llega de más, pues  siempre van cortas de dinero. Pero, las clases populares no son las que  se benefician más de tales recortes de los impuestos. La mayoría del  estímulo económico que el gobierno español realizó para salir de la  crisis se basó en la reducción de impuestos y transferencias  individuales del mismo tamaño para individuos de rentas muy dispares, lo  cual, como he indicado en varias ocasiones, tuvo un impacto estimulante  relativamente menor del esperado. Lo que debe hacerse, pues, es no  reducir los impuestos de la banca y de las grandes empresas y de las  rentas altas (cuyos ingresos han continuado ascendiendo en progresión  geométrica), sino aumentárselo y con el dinero conseguido crear empleo.  Esta creación de empleo y aumento del gasto público en servicios  públicos del estado del bienestar y en infraestructuras aumentaría la  demanda, estimulando el sector privado. No es pues, que el sector  público absorba y reste recursos al sector privado, sino que lo ayuda y  complementa.

LA CREACIÓN DE BANCAS PÚBLICAS

La otra medida es crear bancas públicas (a base de incrementar los  impuestos a la banca privada y a las transacciones a corto plazo, es  decir, la famosa tasa Tobin) que garantice la disponibilidad del crédito  a pequeños empresarios y a la ciudadanía en general.

Tales medidas aumentarían el crecimiento económico que es, por cierto,  la mejor manera de reducir el déficit del estado. Es erróneo para la  economía, el continuar el intento de disminuir el déficit del estado a  base de recortar el gasto público, pues ello, ralentiza todavía más el  necesario crecimiento económico.

Los neoliberales niegan la posibilidad de que se aumente el gasto  público, aduciendo –como he dicho antes- que no tenemos dinero para  pagarlo. Uno de los más estridentes representantes de esta ideología  incluso tiene un blog que se llama “Nada es gratis”. Ya he indicado que  esta postura responde a un dogma que se reproduce a base de ideología y  fe, en lugar de evidencia. España tiene el mayor fraude fiscal de la  UE-15 (mucho de tal fraude realizado por la Banca que financia a FEDEA y  el blog Nada es gratis) y la mayor regresividad fiscal. Consecuencia de  ello es que el Estado español es el que ingresa menos recursos. Sólo el  33.3% comparado con el 46.3% (impuestos recaudados como porcentaje del  PIB, 2008, según OCDE) en Suecia, uno de los países más competitivos hoy  en el mundo.

En realidad, el subdesarrollo económico y social de España se basa  precisamente en el escaso desarrollo sector público, y la pobreza de su  infraestructura y de sus servicios públicos. El argumento que tales  voces neoliberales de que el sector público está hipertrofiado no se  sustenta a base de los datos. En España sólo el 9% de adultos trabajan  en el sector público. En Suecia, es el 22.5%. ¿Hasta cuándo continuará  el dogma neoliberal que está creando tanto dolor en España?

ALEMANIA: ¿RENTA BÁSICA INCONDICIONAL PARA TODOS?

Cristina Mendoza

En Alemania, la oposición y el Gobierno discuten actualmente sobre la nueva reglamentación del programa de subsidio social para desempleados, conocido como Hartz IV. Una reforma fue bloqueada en diciembre de 2010 en la Cámara alta. Desde entonces, los miembros de la coalición de Gobierno y de los partidos socialdemócrata (SPD) y los Verdes no han podido llegar a un acuerdo.

Ante la inconformidad de muchos ciudadanos con el programa de subsidio de desempleo Hartz IV, así como la discusión al interior del partido La Izquierda sobre estos temas sociales, se ha presentado la idea de introducir en Alemania una renta básica incondicional. Cada persona, independientemente de su estado laboral, recibiría 1.000 euros libres de impuestos cada mes.

 



Primero ingresos, luego trabajo

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Un subsidio social no es suficiente para poder subsistir, dicen partidarios de la renta básica incondicional.“Para vivir en esta sociedad se requieren ingresos. Y para que el Estado alemán pueda cumplir con los derechos fundamentales expuestos en la Constitución, el ciudadano requiere primero de ingresos para poder vivir dignamente”, dice el profesor y también empresario Götz Werner. La idea general de la renta básica incondicional es que el Estado sea el que le garantice primero al ciudadano su sustento para que éste pueda luego trabajar, y no al revés.

Esta iniciativa busca “asegurar primero el sustento para poder trabajar, y no trabajar para poder subsistir”, explicó Götz Werner, profesor alemán, al programa de televisión bávaroAlpha Forum este domingo 30 de enero. Werner, autor del libro “1.000 euros para cada quien - libertad, igualdad, renta básica” (en alemán “ € 1.000 für jeden – Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen”) argumenta que es el Estado quien debe propiciarle al ciudadano las condiciones de una vida digna, y no sólo el derecho al trabajo.

La propuesta de Werner es que cada persona, independientemente de si tiene o no un empleo o cuenta con un salario, reciba cada mes una renta básica de 1.000 euros libres de impuestos. Para lograr ésto se requeriría un monto de 1 billión de euros por año. Sin embargo, el gasto social del 2009 ascendió a 750 mil millones de euros. Así, las cuentas indicarían un faltante de 250 mil millones de euros.

Para poder aplicar en la práctica este concepto habría que cambiar también el sistema de impuestos alemán. “No se trata de un regalo del Gobierno, sino más bien de un derecho del ciudadano, porque cuando el ciudadano consume bienes y servicios también está pagando impuestos sobre ellos. Es nuestro actual sistema de impuestos el que nos empobrece”, explica el profesor alemán.

¿Más beneficios que desventajas?

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Desempleados esperan una oportunidad laboral en España.Una renta básica incondicional garantizaría una mayor productividad y eficiencia, así como más iniciativa laboral de la sociedad, ya que cada persona se dedicaría a lo que le gusta y no a lo que de ve obligada a trabajar, asegura Werner. Así mismo, se regularían los salarios bajos, no habría desempleo ni trabajos ilegales.

Aunque las ventajas de este modelo llaman la atención, Kristina Vogt, miembro del partido La Izquierda en Bremen, no está del todo de acuerdo con esta iniciativa, como sí lo están otros miembros de su partido. “A las personas hay que darles su dignidad. En este sentido, las medidas actuales como el Hartz IV son indignantes. Sin embargo, una renta básica incondicional no reglamentada tendría varias repercusiones negativas sobre los ciudadanos. Las empresas, por ejemplo, podrían ofrecer salarios más bajos”, dijo Vogt al diario berlinés Tageszeitung en días pasados.

En lo que sí están de acuerdo tanto partidarios como opositores de una renta básica incondicional es la necesidad de invertir más dinero en educación y programas culturales para los niños y jóvenes. “La formación les ayuda a pensar mejor, y a ampliar sus capacidades para el futuro laboral”, dice Werner.

Tema también en España

Ante la crisis económica del euro, y en países como España, la iniciativa de una renta básica incondicional también llama la atención, sobre todo entre los desempleados. El pasado 24 de enero, varios manifestantes desfilaron hasta el Palacio de la Moncloa, donde solicitaron al Gobierno de Zapatero una renta básica incondicional para poder sobrevivir.