Homenaje a José Antonio Rey del Corral

http://www.iuaragon.com/blog/2014/10/28/los-versos-ineditos-de-jose-antonio-rey-del-corral-sonaran-en-el-teatro-principal/

IRRUMPE EL ELECTORADO INDIGNADO

Antonio Antón, en nuevatribuna.es

Tres son los resultados más significativos de las elecciones europeas en España: la emergencia de un amplio electorado indignado y transformador; el fracaso del proyecto del aparato socialista que ha cosechado el peor resultado de su historia; el declive del apoyo electoral a la derecha. Los tres fenómenos están encadenados. Por un lado, se ha mostrado la existencia de un rechazo masivo a la política de austeridad y recortes sociales, el paro masivo, el reparto desigual de la crisis, así como a la gestión antisocial e impositiva de las élites gobernantes. Por otro lado, se ha confirmado el refuerzo de un electorado crítico, a la izquierda del partido socialista, que se opone a esa dinámica regresiva y exige una política social y económica más justa y la democratización del sistema político. La decadencia del bipartidismo se combina con el fortalecimiento de las fuerzas alternativas y de izquierda.

Desgaste del bipartidismo gobernante y un nuevo polo alternativo

Respecto de las elecciones europeas del año 2009, es decir, en los últimos cinco años de crisis socioeconómica y gestión política impopular y autoritaria (primero del PSOE y después y de forma más dura del PP) el bipartidismo gobernante ha perdido más de cinco millones de votantes (más de 2,5 millones cada uno y con similar participación); entre ambos han pasado del 80% de los votos a menos del 50% (cuatro millones el PP y algo más de tres y medio el PSOE). Todavía representan a cerca de la mitad del voto electoral pero es evidente y positiva la consolidación de una amplia desafección popular a esa clase gobernante y su política de recortes.

El descenso de apoyo ciudadano es todavía más significativo en el PSOE que ha perdido más del 40% de su electorado. Si en las elecciones generales de 2011 había perdido diez puntos respecto a 2009, y muchos consideraban que había tocado suelo, ahora ha vuelto a descender otros cinco puntos (y un millón de votos), hasta quedar en el 23%, sin que se pueda aventurar que sea su último peor dato.

Por el contrario, el electorado indignado y transformador ha superado los tres millones: 1,56 millones, Izquierda Plural –IU, ICV, Anova, Batzarre…-; 1,24, Podemos, y 0,30Primavera Europea –Equo, Compromís y Chunta aragonesista-. El conjunto está cerca del 20% del total. Si a este bloque de izquierdas le sumamos la izquierda nacionalista (catalana –ERC-, vasca –Bildu, Aralar, EA- y gallega –BNG-), con cerca de otro millón, la suma es de cuatro millones (26%), similar a los votos del PP (26%) y más que los del PSOE (23%). Este electorado a la izquierda de la socialdemocracia está fragmentado, particularmente entre esas dos partes; no obstante, también existen experiencias de acuerdos parciales entre ellas en Cataluña, Galicia o Navarra. Luego volvemos sobre el desafío para su unidad y consolidación. Ahora analizamos su conformación y su impacto.

El asunto relevante que se ha expresado en este proceso electoral es el gran crecimiento de este electorado crítico, no solo de contestación sino también con un proyecto definido de cambio profundo progresista. En ese sentido, apunta a una transformación significativa de los equilibrios políticos e institucionales, en particular, en la configuración de las izquierdas, a una reorientación de la política socioeconómica y a una democratización a fondo del sistema político.

Es un acontecimiento histórico. Por primera vez en España, en todo el periodo democrático, las fuerzas políticas a la izquierda de la socialdemocracia superan a ésta en apoyo electoral, y dejan de estar subordinadas ante su hegemonía. Las dos dinámicas son paralelas: deslegitimación y disminución de la capacidad representativa de la élite socialista; aval ciudadano a un conjunto de varios grupos sociopolíticos a su izquierda, primero social y de legitimación ciudadana y, después, como representantes políticos directos. Es decir, junto con el declive de la derecha conservadora, se ha producido un desplazamiento hacia la izquierda del electorado, fortaleciéndose un polo alternativo relevante de similar representación política (y superior legitimidad social) que la tradicional socialdemocracia. Este proceso se ha fraguado durante estos cinco años, a través de la indignación cívica contra las graves e injustas consecuencias de la crisis socioeconómica, la pugna popular contra la involución social, económica y política promovida por las dos élites gobernantes, y la defensa ciudadana de los derechos democráticos, sociales y laborales.

Lo más difícil ha sido la conformación de una corriente social indignada y una dinámica de protesta social progresista. Esa dinámica y los actores sociopolíticos que la han promovido han contribuido a configurar un campo social de rechazo a esa dinámica regresiva, y han apostado por un cambio socioeconómico y político profundo. Durante cuatro años se han sucedido, con altibajos y de forma heterogénea, grandes, unitarias y visibles movilizaciones sociales con diversas representaciones sociales o grupos de activistas. Estaba clara la persistencia y la consistencia de ese amplio movimiento popular, de orientación progresista en lo socioeconómico y democratizador en lo político. Permanecía la incógnita de cómo se iba a traducir en el ámbito político-electoral, contando con que ambos campos obedecen y están condicionados por distintos mecanismos. Las elecciones generales de noviembre de 2011, ya constituyeron un primer aviso: amplia desafección hacia el partido socialista e incremento del voto a IU (y algo de abstención y voto en blanco). Ahora ha cristalizado un segundo paso en el impacto electoral e institucional con un claro, aunque todavía dividido y emergente, polo político alternativo.

El continuismo estratégico del aparato socialista es un callejón sin salida

Han persistido dos fenómenos negativos. Por un lado, los planes de ajuste económico, de empleo y de derechos, protagonizados por las derechas, y una perspectiva de continuidad de la crisis, con una gestión y una salida conservadoras. Por otro lado, el continuismo de la estrategia del (viejo y, probablemente, nuevo) aparato socialista. Nos detenemos en ello.

La ausencia de autocrítica en la dirección socialista por su política antisocial y su incumplimiento de los compromisos sociales y democráticos, la continuidad de su aparato con responsabilidades en la gestión gubernamental, el giro solo retórico de su discurso, confiando en una mejor ‘comunicación’, y el mantenimiento de su estrategia subordinada al consenso europeo de la austeridad (flexible) y los intereses del establishment, han quitado credibilidad a sus esfuerzos por mantener y recuperar su electorado. Se han distanciado todavía más de la sociedad. El continuismo, con un proyecto difuso, ha profundizado la pérdida de legitimidad y confianza popular. La mayoría de su base social y electoral era progresista y de izquierdas. Pero su última gestión gubernamental, su estrategia socioeconómica y laboral y su desconsideración hacia sus compromisos sociales y valores democráticos, se pueden calificar de ‘derechas’ y con gran déficit democrático (autoritarios), sin que el nuevo núcleo dirigente las haya cuestionado. La desconfianza ciudadana en sus líderes es evidente.

La dirección socialista tiene un fuerte dilema. Ante su debacle electoral su reacción inmediata es la renovación de su equipo dirigente. Es imprescindible pero insuficiente. No solo necesita caras nuevas, no contaminadas directamente por la gestión gubernamental pasada. Eso sería cambiar algo para no cambiar lo sustancial. Y lo fundamental es reconocer su responsabilidad por su estrategia equivocada, el fracaso de sus intentos ‘comunicativos’, incluyendo la falta de credibilidad de su flamante proyecto de su Conferencia política y el continuismo en sus principales prioridades. No se vislumbra, en la polémica interna sobre el Congreso extraordinario y las primarias, ningún debate sobre la necesidad de una fuerte reorientación de su estrategia política y de alianzas hacia una posición más social y democrática y de colaboración con las izquierdas para acabar con la hegemonía conservadora y los designios de la Troika. Lo que se deduce es (otra) operación cosmética con un nuevo liderazgo que, con nuevas promesas y retóricas renovadoras, practique la vieja política: acordar con la derecha los grandes temas de la gestión liberal de la crisis y la estabilidad institucional, y bajo los consensos europeos entre socialdemócratas y conservadores.

De confirmarse la opción del nuevo aparato socialista por el continuismo de su estrategia política neoliberal, estaría incurriendo en el riesgo de acentuar el alejamiento de su base social progresista, estilo sus colegas franceses –o griegos- (confiando quizá en que se vaya descomponiendo el apoyo centrista al PP, para recogerlo, estilo italiano). Esa lógica sería un impedimento para garantizar el cambio institucional sustancial a corto plazo, pero, al mismo tiempo, profundizaría su declive. La ‘alternancia’ entre los dos partidos gobernantes es cada vez más irrelevante e indiferenciada, y cobra mayor relieve la capacidad ‘alternativa’ de las izquierdas, en la que parte del socialismo actual podría y debería tener un papel positivo. El PSOE ha dejado de ser la referencia principal o mayoritaria de oposición y alternativa institucional. En la mejor de las hipótesis puede nadar entre dos aguas, conservar un electorado significativo y condicionar el ritmo y las condiciones del cambio político. Pero, después de comprobar la existencia de ese campo indignado con sus políticas y sus representantes, tiene que admitir la representatividad y el protagonismo del polo alternativo que se ha conformado a su izquierda. Es un mínimo gesto democrático que, de momento, no se adivina, sino más bien lo contrario, deslegitimar esta nueva expresión crítica a su izquierda.

Oportunidad de cambio político-institucional

El sector desafecto con los líderes políticos del partido socialista y su política se acumulaba a otro bloque indignado, particularmente joven, que ha ido madurando estos años, aun con cierta orfandad representativa en el ámbito político-institucional. La desafección a la clase política no suponía pasar de la (acción) política, sino que significaba la crítica a esa élite dominante poco democrática, la reafirmación en la protesta social para cambiar las cosas y, adicionalmente, posibilitar el apoyo a otra representación política, coherente con esos objetivos básicos, de democratización política y giro socioeconómico. Es lo que ha sucedido. Por un lado, dos millones y medio de votos menos al partido socialista; por otro lado, el millón más a Izquierda Plural y el millón doscientos cuarenta mil a Podemos.

Lo más llamativo ha sido el amplio apoyo a esta reciente fuerza política. Podemos ha tenido la habilidad y el acierto en sus mensajes políticos y su tipo de candidatura, innovadora, participativa y con buena capacidad comunicativa, para conectar con esa parte de la ciudadanía indignada y hacerse su portavoz político en estas elecciones. Es un gran mérito el haber conseguido ser un cauce de expresión política de la resistencia cívica a la austeridad y la exigencia democratizadora. El logro del reconocimiento ciudadano para su labor institucional y representativa corre parejo con la debida autonomía y el refuerzo de la movilización social que es la base de su legitimidad.

En comparación con los pronósticos de diversas encuestas de opinión, el conjunto del voto a estos dos grupos de izquierda alternativa se ha visto incrementado. Pero, sobre todo, lo más sorprendente ha sido la casi igualación entre ellos (seis por cinco eurodiputados), cuando las expectativas suscitadas, en el mejor de cada caso, preveían una desproporción mayor (ocho a tres, a favor de Izquierda Plural). El choque de la dirección de IU con esta realidad, todavía más fuerte en sitios emblemáticos como Madrid y Asturias donde Podemos les ha superado, les debe permitir iniciar una reflexión profunda sobre sus limitaciones políticas, organizativas y de forma de tejer alianzas, que les han dificultado para obtener la confianza de un amplio segmento crítico con el poder. Su mayor peso político y de estructura organizativa le convierte en un eje fundamental para conformar, desde el respeto a la pluralidad de las distintas fuerzas alternativas y con exquisito talante democrático, mayor convergencia y arraigo local.

Respecto del núcleo promotor de Podemos y su base asociada, ya hemos adelantado su enorme mérito al saber encauzar y representar en el ámbito político-electoral gran parte de la indignación ciudadana y la protesta social. El éxito de la significativa e inesperada dimensión de su representación política les exige una nueva e importante responsabilidad. Los desafíos son inmensos y se podría decir que lo realmente dificultoso y complejo empieza ahora. Dejando al margen el imprescindible reto colectivo, en la esfera sociopolítica, de consolidar el movimiento popular, con el apoyo de la mayoría de la sociedad, en torno a una salida progresista y democrática de la crisis, se trata de cómo configurar la apuesta, en el ámbito electoral y político, por un profundo cambio institucional que acabe con esta época y asegure un periodo progresista y una perspectiva constituyente de una democracia avanzada y más igualitaria. Sus desafíos inmediatos, al menos, son tres: primero, profundizar el programa básico alternativo a la austeridad, los recortes y la involución social y democrática, como referencia de las aspiraciones de la ciudadanía activa; segundo, enraizar su proyecto y su liderazgo político entre la población indignada, fortaleciendo el tejido asociativo y la participación democrática, y establecer un tipo de relaciones, iniciativas y alianzas unitarias; tercero, dotarse de los instrumentos organizativos, con mecanismos cada vez más complejos, pero funcionales, transparentes y democráticos.

La base social indignada estaba prácticamente construida en el plano social; una parte relevante de ella se ha sumado electoralmente a Izquierda Plural y otra similar ha confiado en la representación política de Podemos. Ahora, ambos deben asumir el desafío de seguir mereciendo su apoyo y ampliarlo a la mayoría de la sociedad junto con las demás fuerzas alternativas. Y conducirlo unitariamente hasta derrotar a los poderosos y garantizar un avance sustantivo hacia una democracia social más justa, con una ciudadanía social plena e integradora, al mismo tiempo que con un nuevo equilibrio territorial. No es poco, pero es la oportunidad y el horizonte que se han abierto, por primera vez en España, desde la Transición política.

Por tanto, la perspectiva inmediata es la reafirmación de las izquierdas y fuerzas progresistas y el desalojo del poder institucional a las derechas, en los procesos electorales próximos –municipales, autonómicos-, particularmente en territorios donde se ha instalado casi como un régimen conservador y atravesado por la corrupción, como Madrid, la Comunidad valenciana o Navarra. Después en las elecciones generales garantizar el cambio político progresista, con un giro igualitario de la política socioeconómica, un impulso democratizador de las instituciones políticas y una relación de la Unión Europea más solidaria y respetuosa con España y los países periféricos.

Antonio Antón | Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

LA MAYOR (Y MÁS SILENCIADA) CAUSA DEL CRECIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES.

Vicenç Navarro, en Publico.es

Es una suerte tener aún economistas que se salen del pensamiento único y nos ayudan a descubrir la realidad de una pseudociencia al servicio de los amos.

Las desigualdades en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico norte, Norteamérica y la Unión Europea, han crecido enormemente, alcanzando unos niveles nunca vistos desde principios del siglo pasado, cuando tuvo lugar la Gran Depresión. Este crecimiento ha sido particularmente acentuado en los países conocidos como PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), que se convierten en GIPSI cuando se añade Italia.

¿Por qué este crecimiento tan notable?

Existe ya toda una extensa bibliografía que intenta explicar este hecho. Una síntesis de las distintas razones que se han dado aparece en el discurso que el Premio Nobel de Economía, James Alexander Mirrlees, dio con motivo de su ingreso a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, y que se publicó en La Vanguardiael 23 de marzo de 2014. Es un resumen de lo que constituye la sabiduría convencional en el conocimiento económico actual. El problema que conlleva y reproduce este conocimiento hegemónico es que ignora el contexto político, que condiciona y determina el conocimiento económico.

Por ejemplo, una de las explicaciones que se han dado con mayor frecuencia para explicar la disminución de los salarios (una de las mayores causas del crecimiento de las desigualdades) es la globalización económica, con la movilidad de capitales que se desplazan a países de bajos salarios para abaratar sus productos. Pero esta explicación ignora que los países escandinavos como Suecia o Noruega, por ejemplo, están entre los países más globalizados del mundo. Es decir, sumando sus exportaciones e importaciones se alcanzan los porcentajes del PIB de los más altos existentes en el mundo. Debido a su pequeño tamaño, la economía de estos países está enormemente integrada y globalizada. Y, en cambio, sus salarios están entre los más elevados del mundo. Y ello se debe a que el mundo del trabajo y sus instrumentos políticos y sindicales son muy fuertes y han ejercido una fuerte influencia sobre sus Estados.

Estos datos muestran que no es la globalización económica en sí, sino la manera como se realiza tal globalización, la que determina el nivel salarial. En otras palabras, son las variables políticas (lo que se llama el contexto político) las que determinan el fenómeno económico (y no a la inversa). Esta realidad constantemente es olvidada incluso por autores progresistas, como Christian Felber, que en su conocido libro La economía del bien común apenas toca el contexto político, reduciendo su libro a un tratado de ingeniería económica sin considerar las variables políticas que harían posible su realización.

Por qué los indicadores de desigualdad que se utilizan no nos sirven para entender la desigualdad

Esta ignorancia o desconocimiento del contexto político ha llevado al establecimiento de unas ciencias económicas que nos limitan en el entendimiento de las desigualdades. Comencemos por el estudio de los indicadores de desigualdad. El más común para medir las desigualdades de renta es el coeficiente de Gini, que intenta medir el nivel de desigualdades mediante un valor que va de 0 a 1. 0 quiere decir igualdad completa y 1 desigualdad total. En general, el Gini es más bajo en los países escandinavos que en los países PIGS o GIPSI.

Ahora bien, sin negar que este indicador pueda sernos útil, la realidad es que la información que nos proporciona es muy limitada, pues no nos señala por qué este nivel está donde está ni por qué varía. Para poder entender y, por lo tanto, medir mejor las desigualdades, hay que comenzar por entender de dónde proceden las rentas. Y las dos fuentes más importantes son la propiedad del capital, por un lado, y el mundo del trabajo, por otro. Es decir, la desigualdad en la distribución de las rentas depende primordialmente de la distribución de la propiedad del capital y de la distribución de las rentas del trabajo. La relación de poder entre las fuerzas del capital, por un lado, y las fuerzas del trabajo, por otro, es lo determinante en la distribución de las rentas en un país. La evidencia de que esto es así es abrumadora y, en cambio, el lector raramente lo leerá en los mayores medios de información.

En realidad, este hecho es una de las razones que explica la falta de atención (cuando no abierta hostilidad) que el tema de las desigualdades tiene dentro de lo que se llaman “ciencias económicas”. Como dijo hace unos años el Premio Nobel de Economía Robert Lucas (miembro del consejo científico de uno de los centros más importante y prestigiosos de investigación económica en España, la Barcelona Graduate School of Economics) “una de las tendencias perniciosas y dañinas en el conocimiento económico… en realidad, venenosa para tal conocimiento, es el estudio de temas de distribución” (Robert Lucas, “The Industrial Revolution: Past and Future”. Annual Report 2003 Federal Reserve Bank of Minneapolis, May 2004).

A los economistas próximos al capital les molesta que se investiguen las causas de las desigualdades pues la evidencia científica muestra que la principal causa de su crecimiento ha sido, precisamente, el enorme crecimiento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, hecho que es consecuencia del gran dominio de las instituciones políticas y mediáticas por parte del capital, dominio que ha diluido y violado el carácter democrático de las instituciones representativas de los países donde el crecimiento de las desigualdades ha tenido lugar (ver el excelente libroCapital in the Twenty-First Century, de Thomas Piketty, 2014).

Es más, el protagonismo del capital financiero (y muy en particular de la banca) dentro del capital, junto con el descenso de las rentas del trabajo, generador del descenso de la demanda, explica el comportamiento especulativo de ese capital, origen de la enorme crisis, tanto financiera como económica (y, por lo tanto, política), que estamos viviendo. El lector puede así entender por qué el Sr. Lucas y un gran número de economistas próximos al capital no quieren ni oír hablar de temas de desigualdades, porque, por poco que se mire, se ve claramente el origen de tanto sufrimiento que las clases populares están padeciendo, que no es otro que el enorme dominio que el capital tiene sobre las instituciones del Estado.

La concentración del capital

Permítanme que me extienda en estos puntos. Es bien sabido que la propiedad del capital está mucho más concentrada que la distribución de las rentas. Así, el 10% de la población en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) tienen más del 50% de la propiedad del capital. En España, uno de los países con mayor concentración, tiene alrededor del 65% (tabla 7.2 en el libro de Piketty). Por otra parte, la mitad de la población en su conjunto no tiene ninguna propiedad: en realidad, está endeudada. De esta concentración se deriva que cuanto mayor es el porcentaje de las rentas que derivan del capital, mayor es la desigualdad en la distribución de las rentas. Es lo que solía decirse que cuanto mayor poder tiene la clase capitalista (término que ya no se utiliza por considerárselo “anticuado”), mayores son las desigualdades en un país.

Naturalmente que estas desigualdades entre el mundo del capital y el del trabajo no son las únicas que explican las desigualdades de renta en un país. Pero sí que son las más importantes. Les siguen las desigualdades dentro del mundo del trabajo, que se reflejan predominantemente en la extensión del abanico salarial. Pero incluso estas dependen de las fuerzas derivadas del capital. Cuanto mayor es el poder de la clase capitalista, mayor es la dispersión salarial, hecho que la economía convencional atribuye a su hincapié en estimular la eficiencia económica, aun cuando la evidencia científica muestra que no hay ninguna relación entre dispersión salarial y eficiencia económica. En realidad, algunas de las empresas más eficientes (como las cooperativas del grupo Mondragón) son las que tienen menor dispersión salarial. El objetivo de esta dispersión no es económico sino político: el de dividir y, por lo tanto, debilitar al mundo del trabajo.

Esta observación, por cierto, explica las limitaciones de aquellos autores que ciñen la definición del problema al 1% de la sociedad, eslogan generado por el movimiento Occupy Wall Street y que ha sido importado a España. El sistema económico se sostiene precisamente por la lealtad del siguiente 9% superior de renta, que deriva sus rentas del trabajo, pero cuyo poder y permanencia dependen de su servicio al 1%. Los grandes gurús mediáticos, por ejemplo, reciben salarios elevadísimos cuya cuantía no deriva de su competencia o eficiencia, sino de su función reproductora de los valores que favorecen los intereses del 1%.

En conclusión, las causas de las desigualdades son políticas y tienen que ver predominantemente con el grado de influencia política que los propietarios del capital tienen sobre los Estados. Cuanta mayor es su influencia, mayor es la desigualdad social. El hecho de que estas hayan crecido enormemente desde los años 80 se debe al cambio político realizado por el Presidente Reagan y la Sra. Thatcher –la revolución neoliberal–, que fue y es la victoria del capital sobre las fuerzas del trabajo, victoria que continúa debido a la incorporación de los partidos de centroizquierda gobernantes al esquema neoliberal promovido por el capital. Cada una de las políticas neoliberales (los recortes del gasto público y transferencias sociales, la desregulación del mercado de trabajo, el debilitamiento de los sindicatos, la descentralización e individualización de los convenios colectivos, la bajada de salarios y otras medidas) repercute en el beneficio del capital y su concentración a costa de las rentas del trabajo. Son políticas claramente de clase que no se definen con este término por considerarlo “anticuado”. Es precisamente resultado de la enorme influencia del capital que tal terminología se considere anticuada. Es predecible que los portavoces del capital así lo presenten, pero es suicida que los portavoces de las izquierdas, en teoría próximas a las clases populares, también consideren estos términos anticuados. Confunden antiguo con anticuado. La ley de gravedad es antigua pero no es anticuada. Si usted lo duda es fácil de comprobar: salte de un cuarto piso y lo verá. Y esto es lo que está ocurriendo con gran número de las izquierdas gobernantes en España y en Europa. Están cayendo del cuarto piso y todavía no se han dado cuenta del porqué. Le agradecería al lector que les enviara este artículo.

Vicenç Navarro – consejo científico de ATTAC. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

VicenÇ Navarro nos muestra como existe una información muy sesgada de los Países de Izquierdas

Vicenç Navarro, en publico.es

Existe en EEUU una revista que ejerce una función esencial en un sistema democrático. Se llama Extra!, que es la revista del Media Watch Group, un grupo de analistas de los medios de información estadounidenses que muestra los errores, mentiras y manipulaciones que aparecen en dichos medios. Sería deseable que existiera una organización semejante que hiciera lo mismo en España, un país conocido también internacionalmente por la escasa calidad democrática de sus medios de información, altamente derechizados (con un número notable de excepciones).

En uno de sus últimos números, la revista Extra! muestra la manipulación que la prensa y los principales canales de televisión de EEUU llevan a cabo en su cobertura de los países de América Latina gobernados por las izquierdas. Esta manipulación, por cierto, se da incluso con mayor intensidad en la gran mayoría de los medios españoles. Hemos visto estos días la enorme movilización de El País en su intento de desestabilizar a un gobierno democráticamente elegido, favoreciendo lo que, en caso de ser exitoso su intento, sería un golpe de Estado contra el gobierno de un partido que ganó las elecciones con un comportamiento escrupulosamente democrático, tal como atestiguó el centro de análisis de elecciones presidido por el ex presidente de EEUU, el Sr. Jimmy Carter, el cual, a pesar de indicar algunos elementos criticables de las elecciones, consideró que el resultado reflejaba la voluntad popular.

Ahora bien, los medios internacionales, dominados por intereses financieros hostiles a los gobiernos de izquierda, están estimulando ese golpe de Estado, con un comportamiento carente de escrúpulos y de la más mínima ética periodística. Por ejemplo, The New York Times, en su intento de mostrar que en Venezuela no hay democracia, escribió el pasado 24 de febrero que solo había en Venezuela un canal de televisión crítico con el gobierno presidido por Maduro, dato que inmediatamente se distribuyó a lo largo y ancho de los medios de comunicación del mundo. La falsedad de este escrito es evidente, pues la mayoría de televisiones en Venezuela son privadas (cuentan con casi el 75% de la audiencia) y su gran mayoría son contrarias al gobierno venezolano, tal como ya documentó el Carter Center en su informe sobre las elecciones presidenciales en abril de 2013. Este dato es sumamente fácil de documentar. Vea la televisión privada en Venezuela, que es la mayoritaria, y se dará cuenta. Es interesante indicar que El País, por cierto, también presentó la misma información manifiestamente errónea. Y como era predecible, Mario Vargas Llosa, en su artículo “La libertad en las calles” (El País, 09.03.2014), también escribió que “el único canal de televisión independiente que sobrevivía —Globovisión— fue sometido a un acoso tal…”. Vargas Llosa es bien conocido por su labor más propagandística que informativa, sin prestar mucha atención a los datos que utiliza. En realidad miente frecuentemente, pues es casi imposible que este Premio Nobel de Literatura no supiera que la mayoría de canales de televisión en Venezuela son privados y que casi todos son contrarios al gobierno.

Ahora bien, cabe resaltar que El País no hizo, sin embargo, lo que hizo The New York Times, el cual, ante la evidencia del error (recibió 13.000 notas de protesta), publicó una corrección escribiendo que “una versión anterior (24.02.14) de este artículo se refirió a Globovisión de una manera imprecisa… en realidad, tal canal no fue el único existente crítico con el gobierno” (26.02.14) (ver el interesante artículo de Mark Weisbrot sobre la cobertura de los medios sobre Venezuela, en CounterPunch, 05.03.14).

Contra el gobierno ecuatoriano

En el último número de Extra!, Peter Hart, uno de los periodistas más creíbles e interesantes de EEUU, escribe sobre otra manipulación parecida en la cobertura del gobierno Correa del Ecuador, otro de los presidentes demonizado por los medios de información españoles y de Estados Unidos. El origen de dicha hostilidad y virulencia es una ley propuesta por el gobierno Correa que tiene como objetivo prevenir directa o indirectamente el oligopolio o monopolio en la propiedad de los medios de comunicación. Como han informado Periodistas sin Fronteras (Reporters without Borders, RWB), la ley actual sustituye a la ley impuesta por el régimen dictatorial en los años setenta. Dicha ley fue revisada en los años noventa, pero según RWB, el impacto de tal ley fue precisamente consolidar la propiedad de los medios en un número muy reducido de propietarios. De ahí la intención de diversificar esos medios. La ley fuerza la diversidad dentro de los medios con pluralidad de opiniones, lo que, según Peter Hart, hoy apenas existen en tales medios. Dicha ley prohíbe también que un propietario de un medio (por ejemplo, un canal televisivo) pueda tener otro (por ejemplo, un rotativo), y señala que cada medio debe tener un defensor de la audiencia que publique y atienda a las quejas, una ley que estaría muy bien que se aplicara en España también. Yo no sé si hay comités que controlen la práctica periodística en los colegios de periodistas en España. Pero algo profundamente erróneo ocurre en nuestro país. Baste contrastar el silencio sobre la horrible falta de libertad existente en Colombia, Honduras, Dubái, Arabia Saudí, Jordania, y un largo etcétera, con la hostilidad hacia los países gobernados por las izquierdas en América Latina. Y a eso le llaman libertad de prensa.

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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN BURGOS?

Para entender a qué viene la durísima oposición de los vecinos del barrio burgalés de Gamonal a las obras de un simple aparcamiento, hay que remontarse mucho. Al menos un par de décadas.

Ignacio Escolar, en 'eldiario.es'

Como siempre que un conflicto estalla, las causas rara vez se pueden explicar con lo que sucedió el día anterior. Para entender qué está ocurriendo en Burgos y a qué viene la durísima oposición de los vecinos a un simple aparcamiento hay que remontarse mucho. Al menos un par de décadas, si no más.

Durante años, antes incluso de la llegada de la burbuja inmobiliaria, Burgos fue una de las ciudades con la vivienda más cara de España, sólo superada entre las capitales de provincia por Madrid, Barcelona y San Sebastián. ¿La causa? A simple vista parecía inexplicable. Burgos no es ni mucho menos una gran urbe, unos 180.000 habitantes. Su población es estable desde hace años y, comparada con otras, apenas ha recibido inmigración. No tiene tampoco ninguna barrera natural para su expansión: está en mitad de un llano, sin esos límites que en otras ciudades pone la montaña o el mar. No tuvo tampoco un desarrollo económico excepcional: ni es un Silicon Valley, ni ha vivido ningún repunte industrial. Es una ciudad conservadora donde nunca parecía pasar nada, más allá de esa aparente maldición que obliga a la mayoría de los jóvenes a escapar. Conozco bien de lo que hablo. Nací en Burgos, estudié un año allí, en el Instituto Cardenal López de Mendoza, y gran parte de mis compañeros de estudios viven hoy en Madrid, forzados a emigrar por la falta de oportunidades en la ciudad.
Sólo hay una razón que pueda explicar por qué en Burgos la vivienda se disparó: la corrupción urbanística. Durante años, un constructor y sus amigos manejaron las recalificaciones del Ayuntamiento, que controlaba la derecha. Ese constructor se llama Antonio Miguel Méndez Pozo, aunque todo el mundo le conoce como Michel Méndez Pozo. O como "el jefe". No solo se dedica al ladrillo. Es también dueño del Diario de Burgos, el periódico más leído y con más influencia en la provincia.

Con una mano, Méndez Pozo controlaba las listas de la derecha al Ayuntamiento, donde llegó a amparar una candidatura de "independientes" contra la lista de Alianza Popular. Con la otra, manejaba la política urbanística de la ciudad. Sus componendas con el Ayuntamiento llegaron a juicio a principios de los noventa. El propio José María Aznar –entonces presidente de la Junta de Castilla y León y líder regional del partido, además de amigo íntimo de Méndez Pozo– tuvo que declarar por sus estrechas relaciones con el constructor; Aznar reconoció que le pedía su "opinión", que era su asesor para temas urbanísticos. En 1992, el alcalde de Burgos, José María Peña, fue condenado por prevaricación a doce años de inhabilitación para cargo público. A Méndez Pozo le cayeron siete años y tres meses de prisión. Sin embargo, el constructor sólo cumplió nueve meses antes de salir de la cárcel en tercer grado. Más tarde, el Gobierno de José María Aznar indultó al alcalde Peña, que volvió a presentarse a las municipales y salió elegido concejal (Burgos es así).

La cárcel no fue un obstáculo en la carrera de Michel Méndez Pozo. Al contrario. Tras pasar por la trena, no sólo no se convirtió en un apestado sino que aumentó aún más su fortuna, sus relaciones y su poder. En Valladolid, se alió con el grupo PRISA para lanzar otro periódico, El Día de Valladolid. En Navarra, se asoció con la COPE. Puso en marcha la delegación autonómica castellanoleonesa para Antena 3, y también pactó con su antiguo rival, el constructor leonés José Luis Ulibarri, para montar juntos la televisión autonómica semipública –la paga la Junta– de Castilla y León.

Su grupo de comunicación, Promecal, también se expandió a Castilla-La Mancha. Allí lanzó varios periódicos que fueron muy leales al PSOE hasta que ganó el PP. De paso, aprovechó su presencia en los medios para sacar tajada con sus otros negocios: sus empresas constructoras están entre las principales deudoras de la quebrada Caja Castilla-La Mancha. Méndez Pozo también invirtió en dos de los agujeros negros más famosos de la comunidad: el ruinoso aeropuerto de Ciudad Real y el proyecto de parque temático "El Reino de Don Quijote".

Burgos fue y ha seguido siendo el bastión de Méndez Pozo. Con la ayuda del periódico, se ha impuesto antes y ahora al propio Partido Popular, en una extraña relación donde un hombre que nunca ha sido militante del partido es el auténtico poder. Los alcaldes cambian pero Méndez Pozo permanece. El Diario de Burgos un día calla y al otro se convierte en referente del periodismo de investigación, al destapar un escándalo con la factura telefónica de uno de los concejales del Ayuntamiento, casualmente uno con mala relación con el constructor. De fondo de estos navajazos, un proyecto: el del aparcamiento en el barrio obrero de Gamonal.
El Vallecas de Burgos

Para entendernos, Gamonal es el Vallecas (o el Hospitalet) de Burgos: un antiguo pueblo en las afueras de la ciudad que acabó anexionado por la capital provincial. El franquismo llevó a Gamonal el mayor polígono industrial de la ciudad y la inmigración rural convirtió el antiguo pueblo en un barrio obrero de aluvión, de inmensos bloques de pisos de ladrillo visto, donde hoy viven cerca de 70.000 personas en la zona más densamente poblada de la ciudad.

La principal avenida de Gamonal, esa calle Vitoria donde el alcalde quiere construir el aparcamiento con bulevar, es la antigua carretera N-1, que unía al antiguo pueblo con la ciudad. Por las noches, funciona un pactado sistema de aparcamiento en doble fila. Los vecinos se organizan entre ellos, según sus horarios, para dejar sus coches sin el freno de mano puesto. El barrio, tan poblado, apenas tiene aparcamientos. Cuando se construyó, los obreros no tenían coches. Hoy Gamonal, donde el paro se ha disparado, es el barrio de Burgos donde más se nota la crisis, donde viven las personas más castigadas por la situación económica.
Los vecinos se oponen al aparcamiento porque dejará la mayor vía que une el barrio con el centro de la ciudad con sólo un carril en cada dirección –ahora hay cuatro–, y porque se quedarían sin sitio donde aparcar. Los nuevos aparcamientos serán muy caros: 19.800 euros por cada plaza, que además no es en propiedad sino en alquiler por 40 años, por lo que después no se podrán vender con facilidad. Además, los vecinos no entienden que esa obra de 8 millones de euros sea la prioridad en un barrio sin apenas equipamientos –hay una guardería a punto de cerrar porque faltan unos míseros 13.000 euros– y en un Ayuntamiento cuyas cuentas están al borde de la bancarrota.

Por supuesto, detrás del aparcamiento en Gamonal hay una sombra, omnipresente en la ciudad: la de Méndez Pozo. Ha sido una de sus empresas la que ha diseñado el proyecto y es la constructora de uno de sus socios habituales con los que trabaja la que se ocupará de llevarla a cabo, si es que los vecinos no la logran parar.

El Ayuntamiento confiaba en acabar con las protestas por la vía habitual: con el apoyo de los medios amigos. En Burgos hay dos diarios, ambos conservadores. Uno es de un imputado en la Gürtel; el otro, de un condenado por corrupción. El Diario de Burgos es de Méndez Pozo y el otro periódico de la ciudad, El Correo, es de su socio en la televisión autonómica, José Luis Ulibarri, otro constructor leones, imputado por la Audiencia Nacional en la trama de Francisco Correa y el Bigotes. El Correo, para más señas, se distribuye de forma conjunta con El Mundo. Además de con Unidad Editorial, el imputado Ulibarri también ha cerrado acuerdos con el grupo Vocento –editor de ABC– y ahora está aliado con EsRadio, la emisora de Jiménez Losantos. Todos estos negocios entre los editores de Madrid y los prohombres del ladrillo castellano explican también por qué el nombre de Méndez Pozo apenas se conoce fuera de Burgos.

Sin embargo, el apoyo de los periódicos de Burgos –como ejemplo sirve este tendencioso artículo en el Diario de Burgos o esta portada de El Correo– no ha servido en esta ocasión para acallar las protestas. El Ayuntamiento ha olvidado algo fundamental: que ahora existe internet y las redes sociales, donde la información es mucho más difícil de controlar.

Gamonal no es muy distinto a otros barrios obreros españoles. Pero nadie podría imaginarse que fuese una ciudad aparentemente tan conservadora y católica como Burgos donde se viviese un estallido así. Los turistas que visitan la catedral olvidan que un tercio de sus habitantes viven muy lejos del elegante paseo del Espolón, en el olvidado Gamonal.

El PP está alarmado y ha llamado a capítulo al alcalde de la ciudad, Javier Lacalle. Su miedo es razonable. Lo que hemos visto en Burgos no es muy distinto a lo que ha pasado antes en otros disturbios como los de Londres o París. O a lo que podría pasar en otras ciudades españolas ante chispas tan aparentemente inocentes como la remodelación de una calle. Por mucho que el PP quiere mezclar esta protesta con la kale borroka, asegurando que los jóvenes violentos venían de otra ciudad –han inventado el "turismo manifestante"–, la realidad es que los detenidos son tan de allí como la morcilla o la catedral. Es lo que pasa cuando el paro juvenil se dispara y hay una última gota que desborda el vaso.

Javier Pagola entrevista a Ángel Gabilondo, en 'alandar.org'.

 "EL PROBLEMA ES LA EXCESIVA RIQUEZA, LA QUE SE PRODUCE A COSTA DE OTROS"

 Ángel Gabilondo, ex ministro de educación, es catedrático de metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de libros y del blog El salto del Ángel. Abrió el curso en el Foro Gogoa, con una charla sobre La Educación hoy: desafíos de equidad, calidad y diversidad.

¿Al hablar sobre educación en quiénes piensa usted ante todo?

Estamos viviendo una crisis de modelos políticos y de valores. En el mundo hay mucha miseria, ignorancia, dolor, soledad, pobreza y sufrimiento. Pienso en las personas en mayor necesidad, las más vulnerables, las más pequeñas, las más solas, las que están en paro; pienso en quienes tienen menos oportunidades, horizontes y posibilidades. Creo que la cultura y la educación combaten la miseria y la ignorancia del mundo. Quienes no queremos que se produzca un modelo depredador y a corto plazo, vivimos por y para la educación. Y ponemos en primer plano a los más débiles.

¿Por qué reclama con tanta insistencia la palabra?

Hemos perdido muchas cosas, pero lo más grave sería perder la palabra, que nos hace vivir y nos humaniza. La mayor pobreza es la falta de palabra. No habrá ninguna reforma del sistema educativo, ni transformación de la sociedad, ni desarrollo personal, sin entrenamiento en el amor a la palabra. Quien es descuidado con la palabra lo es también con el cuidado de sí mismo.

¿En qué consiste ser educado?

Ser educado es vivir en verdad. La mentira no es decir lo contrario de lo que uno piensa. La mentira es vivir lo contrario de lo que uno dice. Porque nuestro verdadero decir es nuestro obrar, nuestra forma de vida. Hay quienes piensan que solo es contagiosa la enfermedad. Pero también son contagiosas la salud y la educación y eso lo experimenta quien está cerca de personas que conocen y saben vivir. Un buen profesor sabe que su forma de hablar y todos sus gestos son educativos. Y también sabe que no se educa solo en horario escolar.

¿Los jóvenes de hoy son educados?

Eso de hablar mal de los jóvenes se ha dado en todas las épocas. Séneca decía “los jóvenes de hoy no respetan a la autoridad” y Sócrates, “los jóvenes ¡cruzan las piernas!” Antes de decir que “los jóvenes de hoy no tienen valores” deberíamos preguntarnos: “y nosotros, los mayores, ¿qué tal andamos de valores?”. Hemos puesto como fundamentales los honores, los poderes, la riqueza, el éxito fácil, el ganar a cualquier precio, el dominio y la aniquilación del otro, la competitividad sin colaboración ni cooperación. Esos son valores sociales aceptados con toda naturalidad. Y sucede que los valores son contagiosos.

¿Ha progresado nuestro país en educación?

Es buena cosa, al pensar en nuestro país, al que tanto queremos, recordar de dónde venimos. Y agradecer a tantas personas que han luchado por la educación y han dado su vida por ella. ¿Recordamos que, en 1978, más del veinte por ciento de la población era prácticamente analfabeto? Es verdad que hay miserias y problemas en la herencia recibida, pero tenemos que ser generosos al juzgar y apreciar los esfuerzos de las generaciones anteriores. Y el mejor legado que nosotros podemos dejar a quienes queremos de verdad es la educación. El conocimiento es el mayor regalo que uno recibe en la vida y sin conocimiento no hay libertad. Nada esclaviza más que la privación de conocimiento y la mayor de las exclusiones es la exclusión de la educación. La educación es el mayor bien, el que verdaderamente generará una vida digna. Pero la humanidad está también formada por quienes están por venir y por eso hay que introducir el futuro en nuestras decisiones. A los políticos hay que decirles: “No pensemos tanto en las elecciones, pensemos más en las generaciones”.

¿Qué representa la educación en la vida del país?

La Educación es la mejor política social. Garantiza la libertad y la igualdad. La escuela es un lugar de convivencia donde se aprende a respetar la diferencia, sin diferencia de derechos. La educación es también la mejor política económica y creo que, sin ciencia, sin investigación e innovación nuestro país no podrá salir de la honda crisis. Sin educación no puede haber democracia. Pero nuestro país depende de todo lo que cada uno hagamos. No haremos nada por la educación si a la vez no nos cultivamos a nosotros mismos. A menudo no sabemos aprovechar las posibilidades que tenemos. Educar es también autoeducarse, luchar por sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Y trabajar en común, cooperando.

Ahora, ¿hablamos más de economía que de educación?

La economía es una ciencia social abierta a nuestras decisiones. Le preguntaron a Kant: ¿Usted cree que el mundo va mejor? Y él respondió: “Eso depende de lo que hagamos”. Es una respuesta que vale para nosotros. Hay que poner la educación en el corazón de la sociedad y la economía. No son deseables una economía que solo busca personas talentosas para que sean rentables, ni una educación que solo pretende formar dóciles empleados. Tampoco hay que hacer depender del “talento medido” el itinerario que una persona ha de seguir en la vida. Pero, evidentemente, se puede desarrollar mejor el talento y podemos todos mejorar en inteligencia social.

A la vista del reciente informe de la OCDE hay quien insiste en el esfuerzo de los escolares.

Repito lo que ya dije un día: “A veces nos quieren dar lecciones de esfuerzo los expertos en palos de golf”. Los que procedemos de familias humildes recordamos el esfuerzo que hicieron nuestros padres y sabemos el esfuerzo que nos ha costado a nosotros llegar a ser personas honestas y competentes. Que no nos roben las palabras. Es indispensable luchar en la vida, para salir de la pobreza. Pero el problema es la excesiva riqueza, la que se produce a costa de otros. El horizonte no puede ser la pobreza, sino la riqueza compartida. En nuestro país hay mucha moralina y poca ética. La ética es el compromiso social creador de espacios de justicia y de libertad.

En 35 años ha habido ya siete leyes de educación. Siendo usted ministro estuvimos a punto de alcanzar el necesario pacto escolar. ¿Qué lo impidió?

Ese activismo legislativo es un tema hondo: ¿qué nos pasa como país? Aquí no pasa como en Finlandia, que tienen un marco educativo establecido hace veinticinco años y llevan diez evaluándolo. No sabemos en qué curso está nuestro hijo; un humorista me dijo el otro día “está en tercero de la LOMCE”. Claro que el asunto no es para bromas. Es legítimo que quien gobierna dé algunas determinadas normas, pero debemos alcanzar un consenso. Confundimos el Estado con el Gobierno o con el ministro de educación. Y, sin embargo, nadie podrá transformar el sistema educativo sin contar con todos sus agentes. Con mucho esfuerzo, durante nuestro mandato, teníamos 154 puntos ya acordados y, dejando aparcados sin hacer casus belli de algunos temas que nos dividían y que se podían aplazar, pudimos haber logrado el “Pacto Social y Político para la Educación”. Pero esos acuerdos deben alcanzarse en la primera fase de la legislatura, no cuando empiezan las encuestas y se prevé una mayoría absoluta. Hubo también interferencias no políticas. Hay un afán por conformar conciencias más que por fomentar la autonomía de las personas.

¿Hasta dónde persiste el problema religioso en España?

Constato que en nuestro país hay demasiados clericales y anticlericales y muy poco laicismo, que es el respeto para las diferentes creencias y posiciones de los otros. Claro que hay clérigos muy abiertos y tolerantes, como hay anticlericales que se creen laicos.

¿Es posible avanzar juntos?

El pacto es el único camino y más en una España de las autonomías. Y eso se logra con la intervención de todos en los procesos de elaboración de acuerdos. El acuerdo es muy difícil políticamente y la ciudadanía lo tendrá que reclamar y hacer valer socialmente. Pero, en general y en cualquier ámbito, no solo en el educativo, en nuestro país cuesta mucho alcanzar acuerdos. Falta voluntad de acordar; hay mucha gente que acude a las citas sospechando de las personas con las que se va a reunir. No soportamos a quienes piensan de modo distinto, les descalificamos y marginamos de manera constante. Eso se combate con más educación. Yo propongo a todos un ejercicio: que todos los días hablemos bien de alguien, siquiera un ratito.

¿Se puede reformar la vida política?

Claro que sí. Es necesaria una nueva ley de partidos. Pero hay dos cosas que hacen difícil un correcto ejercicio de la política. El reglamento del Congreso -que es decimonónico y muy rígido- y el formato de los “debates” en los medios de comunicación. No se producen verdaderos debates, cargados de datos y razones, sino algarabía de voces que hablan todas a la vez sin escucharse, confrontación y descalificación constante. En nuestro país hay cierta paz política hasta que algún grupo hace una propuesta, a la que, enseguida, los demás suelen oponerse por sistema. La educación tiene que enseñarnos a escuchar a los demás y a debatir con argumentos.

¿Cuáles son las claves de la educación?

Conocimientos, competencias y valores deben ir de la mano, en equilibrio. El conocimiento no es patrimonio particular de nadie, nos pertenece a todos y a todas. Hay cosas que solo se tienen si se dan. El conocimiento, igual que pasa con el amor, solo se tiene cuando se da, cuando se pone en circulación. Y, para mejorar y ampliar el conocimiento, debemos despertar la curiosidad, que consiste en imaginar que las cosas pueden ser de otra manera distinta a como son. El buen maestro no es el que dice “hazlo como yo”, sino el que dice “hazlo conmigo”. El sueño de un buen educador es arrancar a alguien del limitado horizonte en donde se encuentra, para ir con él a otro sitio. Es mejor perder con alguien que ganar solo. La vinculación con el bien común, liberándonos del individualismo, es una de las tareas fundamentales de la educación.

¿Cómo entiende usted la calidad de la educación?

Yo estoy a favor de la calidad, de la excelencia. Pero no estoy de acuerdo con vincular la calidad únicamente a los resultados. La calidad es una buena relación entre los objetivos, los medios, las medidas, los recursos y los resultados. Según en qué contextos puede ser calidad obtener resultados distintos. La calidad sin equidad es elitismo y discriminación. Más que el abandono y el fracaso escolar, me preocupa un sistema educativo que abandona a los escolares en su camino. Nuestro país es refractario a los ideales de la ilustración: libertad, igualdad, fraternidad. Tenemos que convencernos de que todos somos iguales y debemos ser más fraternos porque, como decía Kant, “Ningún ser humano es un medio, cada ser humano es un fin en sí mismo”. Decir esto no es adoptar una posición banderiza. Todos somos imprescindibles, insustituibles, cada uno con su diversidad y, como dice René Char, “tenemos derecho a desarrollar nuestras legítimas rarezas”.

España no va mejor porque Botín sea más rico

  España no va mejor porque Botín sea más rico

Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla



Las últimas declaraciones de Emilio Botín diciendo que España vive un momento fantástico son una verdad como un templo. Siempre, claro está, que diga que para él y los suyos.

Es cierto que España vive un momento de gloria: las reformas que han venido realizando antes el gobierno de Zapatero y ahora el de Rajoy han ido exclusivamente encaminadas a recuperar a los bancos privados insolventes por su irresponsable política crediticia y a dar más poder de negociación y decisión a las grandes empresas. Los resultados son claros: una caída gigantesca de los salarios, que directamente redunda en aumento de beneficios empresariales, mayor concentración bancaria y negocios impresionantes para los bancos y las grandes empresas que han hecho de España la nación más desigual de nuestro entorno. A costa, eso sí, de una destrucción de empleo gigantesca, de miles de empresas arruinadas y de millones de personas que han perdido todo, bienes, viviendas y derechos sociales.

Todo ha sido concebido para que los banqueros como Botín y los grandes propietarios recuperen las posiciones que tenían antes de la crisis que ellos han provocado y ahora es lógico que todas esas medidas den resultados que les parecen fantásticos.

Pero ni siquiera así se puede admitir que lo que dice Botín sea del todo cierto.
Por un lado, las entradas de capital a las que alude no se han reflejado aún en los datos oficiales del Banco de España, de modo que si se atreve a decir que están produciéndose debe ser porque las nota en sus bolsillos. Y las empresas normales y corrientes no sienten, por el contrario, que les haya mejorado la afluencia del crédito y el impulso financiero que necesitan para salir adelante. De hecho, se estima que en 2014 van a cerrar un 25% más empresas que en este año.
Sí parece que se están produciendo entradas de capital procedentes de fondos de inversión que se están quedando con miles de inmuebles y propiedades de todo tipo, lo que debe estar dejando buenas comisiones en bancos e inmobiliarias ligadas a ellos y lo que seguramente se traduzca en unas décimas de incremento en el PIB de los próximos meses.

Pero ¿acaso se puede considerar eso suficiente, o fantástico, cuando los datos que reflejan la evolución real de la economía (exportaciones, crédito, empleo, producción industrial, ventas al por menor etc.) empeoran?
Es muy posible que estas entradas de capital puramente especulativo y voraz sigan produciéndose pero de ninguna manera puede considerarse, ni siquiera aunque vayan a traducirse con toda probabilidad en un leve crecimiento del PIB, como un augurio de que la economía española se recupera porque ni van a traer aumento del empleo, ni más o mejor vida para las empresas, ni más competitividad (suponiendo que sea eso lo que necesitemos), ni más actividades que a medio plazo permitan generar nuevos ingresos.

Lo que le ocurre a Botín no es nuevo. Sufre el mismo tipo de distorsión cognitiva que ha afectado siempre a las clases ricas españolas: confunden el todo con la parte, sus intereses con los del conjunto de los españoles.

Y lo lamentable no es que personajes como Botín sufran ese tipo de maligna disonancia sino que actúan en consecuencia y nos llevan a todos al precipicio.
Botín es un banquero que si en España hubiera Justicia, gobiernos decentes y democracia estaría en la cárcel desde hace tiempo.
Como he explicado en varios lugares, el diario El País informó el 27 de mayo de 2008 que, para defenderse de la acusación de supuestos favores al Banco de Santander, el ex Ministro de Economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a ello, su presidente no tuvo que ser juzgado por unas actuaciones que el diario digital el Confidencial de 21 de septiembre de 2006 describió de la siguiente forma: “Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera. Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.

Como digo, si en España hubiera Justicia al señor Botín se le hubiera enjuiciado y condenado. Si hubiera gobiernos decentes la señora Fernández de la Vega (que ahora se sienta en el Consejo de Estado) nunca hubiera dado esa orden. Y si hubiera democracia toda la gente sabría qué sucedió y al señor Botín le daría vergüenza de decir las cosas que dice porque lo correrían a gorrazos por las calles. Mejor dicho, con toda probabilidad, por los patios de una cárcel.
De la misma naturaleza es su juicio sobre el ex ministro de Economía Rodrigo Rato de quien dice que fue el mejor de la democracia. Es natural que lo diga: solo con la vergonzosa concesión de desgravaciones fiscales con el dinero de todos los españoles a las empresas que invirtieran en el exterior (como el banco del señor Botín) ya le hizo un favor suficiente como para justificar que lo siente ahora en sus sillones y lo mitifique de esa forma. Su gestión en Bankia engañando a miles de personas, su política que dio lugar a la crisis, o su ceguera para anticiparla aquí o en el FMI no tiene importancia. Pelillos a la mar que el negocio es el negocio.

Una ventaja tienen, eso sí, las declaraciones de BotÍn. Permiten comprobar a quien tuviera alguna duda qué tipo de salida es la que quieren darle a la crisis y la que le van a dar si no hay una respuesta social contundente que quite de una vez el Boletín Oficial del Estado a los gestores del señor Botín y compañía que gobiernan contra España: no la que recupere el empleo, el salario, la actividad empresarial y el binestar social, sino la que permita que siga aumentando la riqueza de los ya de por sí más ricos que provocaron la crisis, los que fomentaron artificialmente una deuda privada y empresarial gigantesca a base de endeudarse ellos mismos y cuyos costes quieren ahora pasar a las espaldas de los de siempre.