1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:
o Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
o Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
o Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
o Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
o Reducción de los cargos de libre designación.
2. CONTRA EL DESEMPLEO:
o Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
o Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
o Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
o Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
o Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.
3. DERECHO A LA VIVIENDA:
o Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
o Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
o Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.
4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
o Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
o Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
o Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
o Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
o Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
o Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
o Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.
5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
o Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
o Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
o Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
o Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
o Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.
6. FISCALIDAD:
o Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
o Eliminación de las SICAV.
o Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
o Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
o Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).
7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
o No al control de Internet. Abolición de la Ley Sinde.
o Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
o Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
o Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
o Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
o Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
o Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.
8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR
Una pizarra para poner artículos de opinión, resumenes de tertulias, escritos nuestros, pensamientos, etc,.... donde a través de los comentarios, pudieramos expresar nuestras ideas y opiniones sobre los temas propuestos.
27 mayo 2011
06 mayo 2011
POR QUÉ LA POLÍTICA DE RECORTES DE GASTO Y EMPLEO PÚBLICO ES UN ERROR
Vicenç Navarro
En varios artículos publicados en SistemaDigital.es he ido desgranando las causas de la escasa recuperación económica que radica, en parte, en las políticas de austeridad que está siguiendo el gobierno español bajo la presión de la Unión Europea (y muy en especial del gobierno alemán de la canciller Merkel) así como del Fondo Monetario Internacional. Estas políticas de austeridad están equivocadas y están perjudicando la recuperación económica española que necesita precisamente unas políticas contrarias a las que se están siguiendo, con una expansión muy notable del gasto público, orientado sobre todo a la creación de empleo. No existe conciencia en los establishments políticos y mediáticos del país de que el mayor problema económico y social que tiene España es el desempleo. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios público del estado del bienestar (tales como sanidad, educación, vivienda pública, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con dependencia, entre otros) que tiene Suecia, 25% (en lugar del 9% actual), España tendría casi cinco millones más de trabajadores en tales servicios de los que tiene ahora. Como consecuencia no habría desempleo en nuestro país, que actualmente supera los cuatro millones. El elevado desempleo en España está basado, en parte, en el escaso desarrollo de su estado del bienestar que no está proveyendo suficiente empleo público.
Por otra parte, este desempleo contribuye enormemente a la falta de demanda, responsable de la escasa recuperación de la economía española. Esta creación de empleo debería financiarse con el aumento de la carga impositiva y de su progresividad, eliminando los recortes de impuestos que se han ido aplicando en los últimos quince años y que han beneficiado predominantemente al 20% de la población de renta superior. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al estado, solo un 34% del PIB, comparado con un 44% para el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia. Si España tuviera la carga fiscal que tiene Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa ahora, con los cuales podría corregir las enormes insuficiencias del estado del bienestar, además de eliminar el desempleo y estimular la demanda, el mayor problema que tiene la economía española.
De lo que las autoridades económicas parecen no darse cuenta es que la causa del estancamiento económico es la falta de demanda que ha empeorado todavía más con el crecimiento del desempleo. Para entender esta situación, tenemos que entender que la burbuja inmobiliaria fue el motor del crecimiento económico español durante estos años anteriores al inicio de la crisis. España construyó muchas más viviendas de las que el país necesitaba a unos precios desorbitados que exigieron un enorme endeudamiento de las familias. El precio de las viviendas (por metro cuadrado) creció nada menos que un 106% desde que se estableció el euro, en 1999, hasta el 2007. Los salarios (el precio real del trabajo) crecieron solo un 8%. La enorme distancia entre estos precios de la vivienda (que aumentaron espectacularmente, muy por encima del aumento de los costes de producción) y los salarios requería un enorme endeudamiento, financiado predominantemente por la banca española, pero también por la banca alemana y en menor grado por la francesa. Tal endeudamiento les dio enormes beneficios.
Cuando la burbuja inmobiliaria estalló las familias quedaron en una situación dificilísima, en parte consecuencia de la excesiva protección que tiene la banca versus el ciudadano hipotecado. Pero, desde el punto de vista de la economía, un grave problema era y continúa siendo que el mercado de la vivienda, además de colapsarse, no se está reavivando. Es característico de un sistema especulativo monopolístico que tal mercado no exista, es decir el mal llamado mercado inmobiliario no funciona como mercado. A pesar de que hay un millón de viviendas vacías, el precio de la vivienda ha bajado solo un 18% desde 2007, el inicio de la crisis. Tal como apunta Wolfgang Münchau en el Financial Times (en su artículo “A complacent Europe must realise that Spain will be next” (11/04/2011)), esta situación está llevando a una situación insostenible. Según Münchau el precio de la vivienda debería bajar un 30% más a fin de reavivar el mercado, un elemento central de la recuperación. Es más, debido a que el precio de las hipotecas, en la medida que baje el precio, sobrepasará el precio de la vivienda, se crearán grandes desfalcos y crisis bancarias y de las cajas de ahorros, acentuando todavía más la falta de demanda y el desempleo. Como bien escribe Daniel Gross en su artículo “Europe’s Subprime Quagmire”, el excesivo poder de la banca (y escaso poder del usuario de la banca) ha creado un desmesurado endeudamiento y gran escasez de la demanda. Y este poder de la banca dificulta también resolver el problema, pues aunque la persona hipotecada haya perdido la vivienda, la deuda le imposibilita recuperar la demanda.
Creerse que el mercado en si resolverá este problema es de una ingenuidad muy costosa. A no ser que el estado intervenga, sustituyendo esta enorme escasez de demanda mediante el gasto público la situación no mejorará. Y a no ser que el estado actúe más activamente creando empleo y garantizando el crédito, mediante medidas mucho más progresistas (como el establecimiento de bancas públicas), no habrá recuperación económica.
Vicent Navarro defiende todo lo contrario de las políticas económicas que se estás aplicando y jodiendo a todos.
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