Ignacio Escolar, en 'eldiario.es'
Como siempre que un conflicto estalla, las causas rara vez se pueden explicar con lo que sucedió el día anterior. Para entender qué está ocurriendo en Burgos y a qué viene la durísima oposición de los vecinos a un simple aparcamiento hay que remontarse mucho. Al menos un par de décadas, si no más.
Durante años, antes incluso de la llegada de la burbuja inmobiliaria, Burgos fue una de las ciudades con la vivienda más cara de España, sólo superada entre las capitales de provincia por Madrid, Barcelona y San Sebastián. ¿La causa? A simple vista parecía inexplicable. Burgos no es ni mucho menos una gran urbe, unos 180.000 habitantes. Su población es estable desde hace años y, comparada con otras, apenas ha recibido inmigración. No tiene tampoco ninguna barrera natural para su expansión: está en mitad de un llano, sin esos límites que en otras ciudades pone la montaña o el mar. No tuvo tampoco un desarrollo económico excepcional: ni es un Silicon Valley, ni ha vivido ningún repunte industrial. Es una ciudad conservadora donde nunca parecía pasar nada, más allá de esa aparente maldición que obliga a la mayoría de los jóvenes a escapar. Conozco bien de lo que hablo. Nací en Burgos, estudié un año allí, en el Instituto Cardenal López de Mendoza, y gran parte de mis compañeros de estudios viven hoy en Madrid, forzados a emigrar por la falta de oportunidades en la ciudad.
Sólo hay una razón que pueda explicar por qué en Burgos la vivienda se disparó: la corrupción urbanística. Durante años, un constructor y sus amigos manejaron las recalificaciones del Ayuntamiento, que controlaba la derecha. Ese constructor se llama Antonio Miguel Méndez Pozo, aunque todo el mundo le conoce como Michel Méndez Pozo. O como "el jefe". No solo se dedica al ladrillo. Es también dueño del Diario de Burgos, el periódico más leído y con más influencia en la provincia.
Con una mano, Méndez Pozo controlaba las listas de la derecha al Ayuntamiento, donde llegó a amparar una candidatura de "independientes" contra la lista de Alianza Popular. Con la otra, manejaba la política urbanística de la ciudad. Sus componendas con el Ayuntamiento llegaron a juicio a principios de los noventa. El propio José María Aznar –entonces presidente de la Junta de Castilla y León y líder regional del partido, además de amigo íntimo de Méndez Pozo– tuvo que declarar por sus estrechas relaciones con el constructor; Aznar reconoció que le pedía su "opinión", que era su asesor para temas urbanísticos. En 1992, el alcalde de Burgos, José María Peña, fue condenado por prevaricación a doce años de inhabilitación para cargo público. A Méndez Pozo le cayeron siete años y tres meses de prisión. Sin embargo, el constructor sólo cumplió nueve meses antes de salir de la cárcel en tercer grado. Más tarde, el Gobierno de José María Aznar indultó al alcalde Peña, que volvió a presentarse a las municipales y salió elegido concejal (Burgos es así).
La cárcel no fue un obstáculo en la carrera de Michel Méndez Pozo. Al contrario. Tras pasar por la trena, no sólo no se convirtió en un apestado sino que aumentó aún más su fortuna, sus relaciones y su poder. En Valladolid, se alió con el grupo PRISA para lanzar otro periódico, El Día de Valladolid. En Navarra, se asoció con la COPE. Puso en marcha la delegación autonómica castellanoleonesa para Antena 3, y también pactó con su antiguo rival, el constructor leonés José Luis Ulibarri, para montar juntos la televisión autonómica semipública –la paga la Junta– de Castilla y León.
Su grupo de comunicación, Promecal, también se expandió a Castilla-La Mancha. Allí lanzó varios periódicos que fueron muy leales al PSOE hasta que ganó el PP. De paso, aprovechó su presencia en los medios para sacar tajada con sus otros negocios: sus empresas constructoras están entre las principales deudoras de la quebrada Caja Castilla-La Mancha. Méndez Pozo también invirtió en dos de los agujeros negros más famosos de la comunidad: el ruinoso aeropuerto de Ciudad Real y el proyecto de parque temático "El Reino de Don Quijote".
Burgos fue y ha seguido siendo el bastión de Méndez Pozo. Con la ayuda del periódico, se ha impuesto antes y ahora al propio Partido Popular, en una extraña relación donde un hombre que nunca ha sido militante del partido es el auténtico poder. Los alcaldes cambian pero Méndez Pozo permanece. El Diario de Burgos un día calla y al otro se convierte en referente del periodismo de investigación, al destapar un escándalo con la factura telefónica de uno de los concejales del Ayuntamiento, casualmente uno con mala relación con el constructor. De fondo de estos navajazos, un proyecto: el del aparcamiento en el barrio obrero de Gamonal.
El Vallecas de Burgos
Para entendernos, Gamonal es el Vallecas (o el Hospitalet) de Burgos: un antiguo pueblo en las afueras de la ciudad que acabó anexionado por la capital provincial. El franquismo llevó a Gamonal el mayor polígono industrial de la ciudad y la inmigración rural convirtió el antiguo pueblo en un barrio obrero de aluvión, de inmensos bloques de pisos de ladrillo visto, donde hoy viven cerca de 70.000 personas en la zona más densamente poblada de la ciudad.
La principal avenida de Gamonal, esa calle Vitoria donde el alcalde quiere construir el aparcamiento con bulevar, es la antigua carretera N-1, que unía al antiguo pueblo con la ciudad. Por las noches, funciona un pactado sistema de aparcamiento en doble fila. Los vecinos se organizan entre ellos, según sus horarios, para dejar sus coches sin el freno de mano puesto. El barrio, tan poblado, apenas tiene aparcamientos. Cuando se construyó, los obreros no tenían coches. Hoy Gamonal, donde el paro se ha disparado, es el barrio de Burgos donde más se nota la crisis, donde viven las personas más castigadas por la situación económica.
Los vecinos se oponen al aparcamiento porque dejará la mayor vía que une el barrio con el centro de la ciudad con sólo un carril en cada dirección –ahora hay cuatro–, y porque se quedarían sin sitio donde aparcar. Los nuevos aparcamientos serán muy caros: 19.800 euros por cada plaza, que además no es en propiedad sino en alquiler por 40 años, por lo que después no se podrán vender con facilidad. Además, los vecinos no entienden que esa obra de 8 millones de euros sea la prioridad en un barrio sin apenas equipamientos –hay una guardería a punto de cerrar porque faltan unos míseros 13.000 euros– y en un Ayuntamiento cuyas cuentas están al borde de la bancarrota.
Por supuesto, detrás del aparcamiento en Gamonal hay una sombra, omnipresente en la ciudad: la de Méndez Pozo. Ha sido una de sus empresas la que ha diseñado el proyecto y es la constructora de uno de sus socios habituales con los que trabaja la que se ocupará de llevarla a cabo, si es que los vecinos no la logran parar.
El Ayuntamiento confiaba en acabar con las protestas por la vía habitual: con el apoyo de los medios amigos. En Burgos hay dos diarios, ambos conservadores. Uno es de un imputado en la Gürtel; el otro, de un condenado por corrupción. El Diario de Burgos es de Méndez Pozo y el otro periódico de la ciudad, El Correo, es de su socio en la televisión autonómica, José Luis Ulibarri, otro constructor leones, imputado por la Audiencia Nacional en la trama de Francisco Correa y el Bigotes. El Correo, para más señas, se distribuye de forma conjunta con El Mundo. Además de con Unidad Editorial, el imputado Ulibarri también ha cerrado acuerdos con el grupo Vocento –editor de ABC– y ahora está aliado con EsRadio, la emisora de Jiménez Losantos. Todos estos negocios entre los editores de Madrid y los prohombres del ladrillo castellano explican también por qué el nombre de Méndez Pozo apenas se conoce fuera de Burgos.
Sin embargo, el apoyo de los periódicos de Burgos –como ejemplo sirve este tendencioso artículo en el Diario de Burgos o esta portada de El Correo– no ha servido en esta ocasión para acallar las protestas. El Ayuntamiento ha olvidado algo fundamental: que ahora existe internet y las redes sociales, donde la información es mucho más difícil de controlar.
Gamonal no es muy distinto a otros barrios obreros españoles. Pero nadie podría imaginarse que fuese una ciudad aparentemente tan conservadora y católica como Burgos donde se viviese un estallido así. Los turistas que visitan la catedral olvidan que un tercio de sus habitantes viven muy lejos del elegante paseo del Espolón, en el olvidado Gamonal.
El PP está alarmado y ha llamado a capítulo al alcalde de la ciudad, Javier Lacalle. Su miedo es razonable. Lo que hemos visto en Burgos no es muy distinto a lo que ha pasado antes en otros disturbios como los de Londres o París. O a lo que podría pasar en otras ciudades españolas ante chispas tan aparentemente inocentes como la remodelación de una calle. Por mucho que el PP quiere mezclar esta protesta con la kale borroka, asegurando que los jóvenes violentos venían de otra ciudad –han inventado el "turismo manifestante"–, la realidad es que los detenidos son tan de allí como la morcilla o la catedral. Es lo que pasa cuando el paro juvenil se dispara y hay una última gota que desborda el vaso.
